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Para los próximos 4 años
FISCALIZACIÓN: PRENSA ENFILA BATERÍAS
Salas de prensa de los medios de comunicación nacionales y periodistas independientes en medios regionales, locales, sectoriales y especializados, analizan cada una de las personas electas en los puestos de elección popular, para ejercer mandato periodístico de fiscalización pública mientras esperan ansiosos el nombramiento de los jerarcas del Poder Ejecutivo.
El 7 de febrero, las elecciones nacionales resultaron en la designación de la persona que comandará la máxima magistratura de la nación, los representantes populares en el primer poder de la nación y los regidores y las regidoras quienes definirán los destinos de los gobiernos locales y por única ocasión estarán en esos puestos por 6 años.
Edgar Fonseca, director de Al Día, afirma que dentro del acontecer de cualquier sociedad, matizado por vivencias humanas e institucionales. La prensa debe asumir su papel de responsabilidad, seriedad y balance ante una nueva administración, llamada a tener un ejercicio profesional, activo, intensamente informativo, analítico y escudriñador de los protagonistas; “un papel orientador es fundamental en ocasiones de transición, para ayudar a los ciudadanos a entender el por qué de las medidas que vaya adoptando una nueva administración y su impacto en la sociedad”.
La periodista, Roxana Zúñiga afirma que el desafío es evaluar con equidad los hechos e informaciones relevantes para desterrar la especulación infundada y los retos del periodismo ante el nuevo Gobierno serán la búsqueda incesante de la verdad, de la precisión, de la exactitud, de la buena fe, de las fuentes fiables, de las pruebas solventes y del lenguaje claro y preciso.
Any Pérez, periodista independiente, manifiesta que en democracia, la relación entre prensa y gobierno siempre hay tensión, sino es así, es grave porque existe un grave indicador de complacencia o negligencia de una, o, “de intimidación o, menos probable, perfección del otro”. El Gobierno está obligado a denunciar si en su relación, un medio o periodista falta a la ética o a la ley y la prensa pedir al gobierno la rendición de cuentas porque su obligación es con los ciudadanos.
“El gobierno debe respetar y alentar una libertad de información y de expresión restrictas sólo por el marco constitucional y la prensa, el apego irrestricto a la ética, la exactitud y el balance informativo”, afirmó Pérez.
PRENSA LIBRE E INDEPENDIENTE
 Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía (2001), afirma que la libertad de expresión es un elemento vital para el desarrollo tanto económico como social de un pueblo. El intento de suprimir, controlar o influenciar este aspecto es solo la etapa inicial de un cambio de régimen. (Alejandro Brenes, La Nación 5 de febrero).
El pasado 2 de febrero, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), manifestaron que entre los 10 grandes desafíos para libertad de expresión existen señalamientos y demandas específicas para que los países respeten la independencia y la libertad de la prensa.
De acuerdo a los rectores internacionales de la libertad de expresión, los gobiernos no deben hacer uso de facultades ilegítimas para ingerir indebidamente en los medios de comunicación, como es el abusar de la distribución de la publicidad estatal para influir en la línea editorial y crear obstáculos a medios de comunicación por grupos históricamente menos favorecidos.
Estiman como amenaza, las leyes penales que criminalizan la difamación, como las leyes de desacato - delito que se comete, de hecho o palabra, insultando o amenazando a una autoridad en el ejercicio de sus funciones-, penalizando la calumnia y la injuria en declaraciones respecto de hechos verdaderos, la publicación de reportes fieles de entes oficiales, o la simple expresión de opiniones.
También, ven como grave los límites al derecho de acceso a la información pública, el acceso a Internet o el establecimiento de leyes en favor de funcionarios públicos que permite responsabilizar a los periodistas por diseminar y publicar información reservada.
Los relatores condenan toda violencia contra periodistas y la ausencia de medidas gubernamentales de protección para los comunicadores quienes han sido desplazados como resultado de agresiones.
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