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INFORMACIÓN ES PODER
En política, la falta o ausencia de información es, tan grave, como ir a la guerra con un ejército con los ojos vendados donde nadie sabe a donde apuntar.
Para los expertos en políticas públicas, los indicadores de encuestas, o al menos de sondeo y muestreo, son informaciones básicas para el planeamiento y definición de su trabajo, cuyo fin óptimo debería ser convertir esa información en normativa legal que enmarque las libertades individuales y colectivas de la sociedad.
El espaldarazo de la ciudadanía a la labor periodística, en los resultados de la última encuesta de la firma Unimer, para el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) que afirma que el 69% de los costarricenses califican la labor de la prensa de “buena” y un 13% de “muy buena”.
Datos interesantes del respaldo social al correcto ejercicio periodístico que aún no muestran todo los alcances y limitaciones de nuestro contexto mediático de garantizar la mayor libertad de expresión y pluralismo democrático.
La ley que regula el ejercicio de la prensa, tienen más de un siglo de creada. La Ley de Imprenta de 1902, aún vigente, tiene normativa legal muy superada por otros países.
Inconcebible es, para la historia democrática costarricense, haber mantenido el artículo 7 de esa ley que amenazaba con condenas de prisión a colegas de medios escritos, denegado hace pocos días por la Sala Constitucional, en una muestra de atraso del régimen jurídico costarricense de protección a las libertades de prensa y expresión.
Ese divorcio entre las percepciones de los ciudadanos y las actitudes de la clase política demanda mayor información para la toma correcta de decisiones y la definición de políticas públicas.
El desconocimiento del contexto, tiene, además, la coyuntura de la apertura de las telecomunicaciones que inciden en la pluralidad, la diversidad de los medios de comunicación social y la labor de la prensa, las cuales demandan información en cinco áreas específicas:
A. En el marco jurídico y político. Urgente es definir realmente si la libertad de expresión, el derecho a la información, la independencia editorial y el derecho de los periodistas de proteger sus fuentes que se garantizan en leyes, se respeta en la práctica; y si las organizaciones de la sociedad civil participan en la formulación de políticas de defensa de esas libertades y derechos.
B. En el marco económico, la sociedad requiere conocer con claridad si existe concentración mediática, o más bien, si hay ausencia de ella, con abundante pluralidad y diversidad de medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios que compiten en igualdad de condiciones y de transparencia en la propiedad.
Información básica es, las medidas positivas y equitativas estatales en la asignación de las licencias del espectro radiomagnético, los operadores, los impuestos, las regulaciones empresariales y los programas de pauta publicitaria en Costa Rica y si éstas se encuentran en un marco de competencia equitativa e igualitaria.
C. En el discurso democrático, la sociedad necesita determinar si están los medios cumpliendo satisfactoriamente las necesidades de todos los grupos que la integran, cuántos modelos de emisoras de servicio público hay en el país y si los medios tienen autorregulación (códigos, reglamentos, manual de buenas prácticas, “Ombudsman” (defensores) de la prensa o instituciones que protejan la libertad de expresión y el acceso a la información, etcétera), garantizando mayores niveles de confianza del público y credibilidad en los medios.
D. Programas de capacitación. Existen programas para que todas las personas que participan en la recopilación, procesamiento, divulgación y difusión de la información mediática tengan las posibilidades reales de especialización, cumplimiento así, el mandato de tener a la sociedad debidamente y correctamente informada.
E. Las condiciones de los medios. En la medida que se conozca la capacidad de infraestructura de los medios independientes y pluralista se podrán apoyar y generar propuestas que eleven el nivel de penetración de la prensa, los medios difusivos y las TICs en la sociedad.
El conocimiento de esa información, en todos sus grados, alcances y limitaciones, es de interés público y de responsabilidad democrática.
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