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Fuente: BCCR
Primera Plana
Criterium


Misión asumida por periodistas profesionales, de fiscalizar la cosa pública, puesta en peligro una vez más

Jimen Chan Soto * | Jueves 22 de Agosto, 2019

Primera parte

El reconocimiento del derecho a la información y al escrutinio de la gestión pública facilitó la configuración de una “opinión pública”. Su característica fue ser un ente activo, opinante en el asunto público y fiscalizador ante eventuales abusos del poder institucional. En síntesis, el nacimiento de lo que hoy se caracteriza como “sociedad civil”.

En esta primigenia forma de democracia liberal, la turbulencia de la esfera pública, así como la diversificación ideológica, aceleraron la formación de los medios de comunicación. De este modo, la prensa se transformó en el nexo entre el establishment político y la sociedad civil. Sea por omisión o por decisión, la prensa progresivamente reclamaría la potestad de vigilar la administración pública y el desarrollo democrático.

En suma, el periodista hizo del derecho a la información y del ejercicio de la libertad de informar, su profesión. El ejercicio periodístico adquirió la misión de cautelar la transparencia, la probidad y el acceso a la información.

Si hay acceso a la información, hay transparencia y se evita la corrupción. La prensa es un organismo de control capaz de obligar a quienes detentan el poder a rendir cuentas y asegurar una sociedad transparente y responsable.

Esta misión se convertiría en el leitmotiv del naciente periodismo. El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece que el rol de sus asociados es responder a las necesidades de información de la sociedad civil. Se identifica como condición sine qua non un desempeño profesional apegado a la ética, independiente de intereses particulares, enfocado hacia la “defensa de los ciudadanos”, y capaz de plasmar las opiniones de todos, “especialmente de los más postergados”.

Aun cuando desde la filosofía y neurobiología se establezca la imposibilidad de “ser la verdad” en la “praxis material”, los periodistas la identificamos como nuestra primera y fundamental responsabilidad social, entendiendo que en ella –puntualmente en nosotros, en nuestra actividad- reside buena parte del orden democrático moderno. El periodismo no busca la verdad sino la noticia, que no es lo mismo, ni mucho menos, aunque la noticia deba ser verdadera.

 

Búsqueda  de mayor libertad  y transparencia

La democracia contemporánea se fundamenta en el supuesto de responsabilidad de los poderes públicos ante la opinión pública, aspecto que requería que “lo público” fuera sometido a vigilancia para cautelar la transparencia. Empero, en el curso democrático, la relación entre el Estado y la prensa desembocó en una confrontación. Varios teóricos de la prensa la sindicarían como un “cuarto poder”. Otros precisarían que es un “antipoder” al actuar como guardián de la probidad y transparencia democrática.

De hecho, los medios son un “vehículo esencial” para un flujo de información, que en conjunto con la sociedad civil, obliga al poder político y empresarial a rendir cuentas de sus gestiones, al tiempo de mantenerles dentro de los márgenes legales. Es de pleno consenso que sin una vigilancia de los medios de prensa y la sociedad civil, la corrupción aumentaría.

Sin embargo, “la reivindicación del derecho a una vigilancia social, que no sea patrimonio cerrado de las instituciones del Estado, plantea, por otra parte, contradicciones o riesgos de confusiones peligrosas para la salvaguardia de unos valores genuinamente democráticos”. Sobrevinieron entonces legislaciones restrictivas en torno al acceso a la información pública y la vida privada de las personalidades públicas.

Entre los periodistas prosperó la sospecha del ocultamiento de potenciales irregularidades en las administraciones. Como respuesta, la prensa adoptó un carácter más agresivo, enarbolando la bandera de la libertad y la defensa ciudadana. Fue entonces cuando la profesión periodística se tornó más vulnerable. Surgieron los quintacolumnistas, periodistas que se volvieron en contra de sus propios compañeros, sacando provecho de ello en colusión con los supuestos sujetos de su fiscalización, y de aquí precisamente una de las razones y ventajas de la profesionalización del periodismo.

El gobernante se siente incómodo ante esta nueva actitud de la prensa, y responde con acciones inhibitorias, usando de cuantos instrumentos legales e institucionales dispone. En tal sentido “no hay nada más restrictivo de la libertad de expresión y prensa que la actitud intolerante de los gobernantes que usan (los tribunales de justicia) para inhibir el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a estar informada acerca de cómo se ejercen las funciones y los recursos públicos”. Es en ese entorno de relaciones tensas e hiperventiladas, en que la verdad es la primera víctima, especialmente cuando quienes juzgan forman también parte interesada en cómo se resuelven los conflictos.

Es un hecho bastante conocido y regular, que a un reporterismo basado en evidencias, los afectados responden con la persecución de periodistas, con el fin de suprimir las voces de disenso.

De manera simultánea a la defensa de la transparencia, la prensa se ha abocado históricamente a la consecución de mayores espacios de libertad de expresión y menores restricciones a la investigación periodística. Se destaca insistir ante el gobierno y los legisladores en otorgar mayores libertades para la prensa al momento de exponer situaciones que podrían afectar la conducta y comportamiento de autoridades públicas, así como en mantener la tuición ética de sus profesionales a su colegio profesional.

 

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