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Su Criterio


La ONU, nuestra aliada

Eduardo Ulibarri Periodista y representante permanente ante la ONU | Lunes 19 de Mayo, 2014

Nueva York—Especial para Primera Plana. Cuando comenzó la década de 1980, las noticias sobre libertad de expresión no eran buenas en el seno de las Naciones Unidas; menos aún en la UNESCO, su agencia especializada en educación, ciencia y cultura. Hoy la realidad ha cambiado drásticamente, y para bien.

La UNESCO, en apego a su mandato original, se ha convertido en un instrumento fundamental para impulsar las libertades de expresión y de prensa, y para generar programas que mejoren la seguridad de los periodistas.

La ONU, desde su Asamblea General, Consejo de Seguridad y Consejo de Derechos Humanos, también ha tomado importantes iniciativas en tales sentidos; a la vez, trata de mejorar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo.

Esta favorable evolución es producto de diversos factores, y se ha manifestado mediante múltiples documentos, decisiones e iniciativas. Gracias a ellos, hoy disponemos de un repertorio conceptual, normativo y fáctico mucho más vigoroso para impulsar el ejercicio de esas libertades y los derechos que generan.

Un “nuevo orden” polémico

La situación de 1980 era muy distinta a la de hoy. Ese año, tras intensas discusiones, la UNESCO publicó el “Informe McBride”, conocido así por su coordinador, el exministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Sean McBride, receptor tanto del Premio Nobel como del Lenin de la Paz.

El título oficial del informe era sugestivo: Voces múltiples, un solo mundo. Su contenido, sin embargo, resultaba inquietante. Eludía colocar a la libertad de expresión como elemento central del “nuevo orden mundial de la información la comunicación” que era su objetivo. En su lugar, otorgaba primera fila a las políticas estatales, las regulaciones y las normativas externas, todo lo cual podría reducir la independencia de los periodistas y medios.

Por esas razones causó gran inquietud entre los defensores de la libertad de expresión, sin que ello implicara desconocer problemas estructurales del “orden informativo” vigente destacados por el Informe. La gran discrepancia se centró en cómo abordarlos: decisiones estatales, según el informe; impulso a la libertad de expresión, según la mayoría de las organizaciones periodísticas.

Una década después, por una conjunción de factores, prevaleció la importancia de la libertad y de los medios independientes, tanto en el abordaje de la UNESCO como, de manera mucho más general, en el de las Naciones Unidas.
En 1987, el español Federico Mayor Zaragoza, de ideas mucho más liberales que su predecesor, el senegalés Amadou M´Bow, se convirtió en director general de la UNESCO.

Los cambios que comenzó a introducir en materia de comunicación e información se vieron acelerados por las intensas campañas de organizaciones periodísticas y la falta de tracción del “Informe McBride” en la mayoría de los países. Pero los factores más determinantes del cambio fueron la caída del Muro de Berlín (1989) y el colapso, dos años después, de la Unión Soviética, que era uno de los principales impulsores, tras bambalinas, del llamado “nuevo orden”.

A Mayor Zaragoza lo sucedió el japonés Koichiro Matsuura, que mantuvo y fortaleció sus iniciativas. En 2009 Irina Bokova, de Bulgaria, se convirtió en la primera directora ejecutiva de la UNESCO, y su eficaz gestión se ha caracterizado, entre muchos rasgos, por el impulso a una amplia agenda relacionada con las comunicaciones.

Un nuevo orden real

En 1991 se produjo un hecho que pasó a convertirse en símbolo y motor de un verdadero nuevo orden, esta vez comprometido con la libertad de expresión. El 3 de mayo, convocados por la UNESCO en la capital de Namibia, un amplio grupo de comunicadores africanos suscribió la “Declaración de Windhoek”.

En el primero de sus 19 artículos sustantivos, la declaración afirma que “el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”. En el quinto habla de una “tendencia mundial hacia la democracia y la libertad de información y de expresión”, a la que califica como “una contribución fundamental a la realización de las aspiraciones de la humanidad”.

Dos años después, por recomendación de la UNESCO, la Asamblea General de la ONU estableció el 3 de mayo como “Día Mundial de la Libertad de Prensa”. La celebración global de su vigésimo aniversario se realizó en Costa Rica el año pasado.

Anteriormente, el 5 de marzo de 1993, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (transformada en Consejo a partir de 2006) había creado la figura del Relator Especial para la Libertad de Expresión y de Opinión. Desde entonces, su mandato ha sido renovado cada tres años.

En sus dos décadas de trabajo, el relator ha emitido una gran cantidad de informes, sobre asuntos tan diversos como la naturaleza y alcance de las libertades de opinión y expresión, la implementación del derecho de acceso a la información, la protección de los periodistas, y el ejercicio de la libertad de expresión en la red.

Este último tema fue objeto, en junio de 2011, de una declaración conjunta de los relatores de la ONU, la OEA, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos. Dicha declaración, entre otras cosas, afirma que “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.

Gracias a sus informes y opiniones, la Relatoría de las Naciones Unidas ha ido creando un cuerpo doctrinario de gran fuerza, que ha permeado decisiones judiciales y, por supuesto, resoluciones de diversos órganos de la Organización. A esto se han añadido algunas “observaciones” del Comité de Derechos Humanos, grupo de expertos que tutela la vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En una de ellas, emitida el 12 de setiembre de 2011, elaboró con gran amplitud los alcances el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) también ha adoptado resoluciones sustantivas sobre libertad de expresión. El 16 de julio de 2012, aprobó una sobre “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, que reconoció su “naturaleza mundial y abierta” y destacó la necesidad de proteger, “en particular”, el ejercicio de la libertad de expresión.

Otra resolución, del 24 de junio de 2013, trató sobre las “Contribución de la libertad de opinión y de expresión al empoderamiento de la mujer”, y exhortó a los Estados a que “promuevan, respeten y garanticen el ejercicio por las mujeres de la libertad de opinión y de expresión, tanto por vía electrónica como no electrónica”.

Seguridad e impunidad

También el CDH, lo mismo que el Consejo de Seguridad (CS) y la Asamblea General, han emitido resoluciones en respaldo a la seguridad de los periodistas. Es el tema que ha recibido un apoyo más generalizado en la Organización.

La primera de ellas fue aprobada por el CS el 23 de diciembre de 2006. Como parte de su articulado, condenó “los ataques intencionados contra periodistas, profesionales de los medios de comunicación y su personal asociado, como tales, en situaciones de conflicto armado”, y exhortó a las partes “a que pongan fin a esas prácticas”.

El CDH aprobó un texto en similar sentido el 9 de octubre de 2012, el cual “subraya la necesidad de dar mayor protección a todos esos profesionales y a las fuentes periodísticas”.

El 18 de diciembre del pasado año la Asamblea General adoptó otra resolución, impulsada por Argentina, Austria, Costa Rica, Grecia y Túnez, no solo sobre seguridad de los periodistas, sino también en contra de la impunidad. Más amplia en su contenido que las dos anteriores, también estableció el 2 de noviembre como Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas”.

Además de los importantes conceptos enunciados en estos textos, la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de la ONU decidió, en abril de 2012, poner en marcha un plan de acción sobre “seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”, que involucra a todas las instancias de la organización. Desde varios años atrás, la UNESCO ha desarrollado un programa con propósitos similares.

La más reciente de las resoluciones de la Asamblea General vinculadas con libertad de expresión fue aprobada el 21 de enero recién pasado, como resultado de las revelaciones sobre interferencias en las redes digitales. Titulada “El derecho a la privacidad en la era digital”, reafirma la “naturaleza global y abierta de Internet” y exhorta a los Estados a que “respeten y protejan el derecho a la privacidad” en general y en las comunicaciones digitales en particular.

Compromiso original

El compromiso con la libertad de expresión, por supuesto, no es algo reciente en el seno de la ONU y de la UNESCO como su agencia directamente vinculada a la materia. Al contrario, está anclado en la existencia misma de ambas entidades.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) enuncian con toda claridad el derecho a la libertad de expresión como esencial para todas las personas.

El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (1945) se compromete a “elevar el nivel de vida (de los pueblos) dentro de un concepto más amplio de libertad”. Y una de las primeras resoluciones de su Asamblea General, la 59(1), adoptada el 14 de diciembre de 1946, declaró que la libertad de información es un derecho humano fundamental.

Por su parte, la Constitución de la UNESCO, centrada en su mandato hacia la educación, la ciencia y la cultura, destaca la importancia del “libre intercambio de ideas y conocimientos”.

Sobre estas bases tan sólidas, y gracias al compromiso de varios países, entre ellos Costa Rica, se ha logrado avanzar significativamente en los últimos años. Por supuesto que las definiciones conceptuales, las exhortaciones, los mandatos y los planes de acción no siempre inciden con rapidez, profundidad y extensión en el terreno de los hechos; además, varios Estados miembros de la ONU y la UNESCO guardan gran hostilidad hacia la libertad de expresión. Esto se ha manifestado, lastimosamente, en el seno del Sistema Interamericano.

Debido a estas realidades, y a los múltiples obstáculos que aún limitan o niegan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, la tarea de impulsarla nunca termina. Pero ya no queda duda de que, para afrontar esas barreras y para lograr mayores avances, el Sistema de las Naciones Unidas se ha convertido en un importante aliado, cuyo respaldo, sin embargo, debemos incentivarlo sin pausa. 

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