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Su Criterio


La sanción social

Lic. Julio Bustos Valderrama* | Jueves 24 de Julio, 2014

En un lento proceso de desarrollo social los derechos humanos han sido universalmente reconocidos como pertenecientes a todos los individuos solo por el hecho de nacer y han ido transformando nuestra capacidad de convivencia, integrándonos sin distingos de condición social, raza ni creencias. El proceso ha sido combatido por religiones y grupos de poder, siempre interesados en proteger sus privilegios,  pero hoy ya podemos decir que tales derechos son el norte de nuestras conductas sociales y democráticas.
 
Siguiendo la línea trazada por Tomás de Aquino para dar sentido lógico a la concepción dogmática del pecado y estructurarlo en siete “pecados mortales”, de los que se derivarían todas las conductas posibles que pudieran afectar una supuesta salvación, algunos tratadistas han establecido un símil basado en un sustento fáctico de los derechos humanos, englobados en tres principios o derechos. Ellos son: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad. En ellos se sintetiza todo lo que el ser humano debe proteger y defender.
 
Sin apartarnos de esa línea de pensamiento, los principios pro vita, pro libertate y pro homine, (generalmente expresadas en latín por los tratadistas) constituyen el meollo de la doctrina de los derechos humanos: Según lo dicho, jurídicamente deben interpretarse extensivamente todos los principios que favorezcan al hombre y restrictivamente todos los que limiten su libertad y su dignidad.
 
La “provocatio ad populum”
 
Para encontrar la génesis del  desarrollo de los derechos humanos y en especial la intervención del pueblo en sus avances, se hace indispensable acudir al Derecho Romano, ya que pese al tiempo transcurrido y aun cuando el Imperio aceptó la esclavitud en su estructura social, sus normas y principios siguen aportando a nuestro ordenamiento jurídico elementos que contribuyen a informar la aplicación de la ley, junto con la doctrina emanada de las salas de casación, la costumbre y los principios generales del Derecho.
 
Adicionalmente, al amparo de las nuevas tecnologías de comunicación, se están reviviendo viejas manifestaciones que en cierta forma quedaron sepultadas con la conformación de nuevas estructuras sociales y la división tripartita del poder con un sistema judicial autónomo, al que se le delegan potestades y atributos.
 
Existieron en Roma leyes procesales que regularon el ámbito civil, sin que ocurriera lo mismo en materia penal, donde la autoridad era ejercida por el “pater”, los “pontífices”  o el Rey durante la Monarquía. La ausencia de disposiciones procesales permitió el abuso del poder de los gobernantes, especialmente durante la Monarquía, dando lugar a la aparición de mecanismos protectores como la “provocatio ad populum” y la  “tribunitia potestas”, cuya aplicación resultaba condicionada por factores puramente políticos, que no negaban la existencia de las normas, sino que daban razón de su sentido.
 
 La "provocatio ad populum” quedó  consolidada mediante la “Leges Valeriae Horatiae” o “Lex Valeriae de provocatione” (año 449 a.C.) con la que se estableció que las decisiones de los magistrados que imponían penas capitales eran apelables ante el pueblo, teniendo en consideración que todo el pueblo resultaba ofendido por tales delitos, entre los que inicialmente se determinaron el “parricidium” o asesinato de un pariente, el “perduelium”, que castigaba a los traidores a la patria, el incendio, el perjurio y el soborno al juez.
 
Posteriormente se incorporaron otros ilícitos como el adulterio, el estupro (coito con soltera núbil o con viuda, logrado sin su consentimiento) y el incesto, así como las multas superiores a ciertos montos. Con ello se reconoció el derecho del pueblo a intervenir en su defensa, se reafirmó el derecho de apelación de los ciudadanos, la inviolabilidad de los tribunos de la plebe, el derecho de los plebeyos a tomar decisiones plebiscitarias con valor de ley y, de hecho, el reconocimiento de las asambleas de los plebeyos como un cuerpo legislativo del Estado.
 
Con ello se hizo evidente que cuando la justicia sobrepasa u olvida sus potestades y las obligaciones y deberes que de ella se derivan, se genera una reacción del pueblo, llámense plebeyos o ciudadanos, que puede ejercerse mediante la protesta, la que actualmente se expresa en redes sociales, manifestaciones callejeras, el plebiscito cuando lo permite la ley o a través de la sanción social, siendo esta última producto de la intensa interrelación a que ha dado origen la comunicación virtual. Así lo demuestran nuevas conductas populares que en España, Argentina o Uruguay se conocen con el nombre de escrache, en Perú se les llama roche y en Chile funa.
 
Aunque similares entre sí, es necesario hacer una breve valoración de ellas.
 
El escrache 
 
Como ya se ha dicho, el nombre se usa en España, Argentina y Uruguay para identificar la manifestación que un grupo de activistas organiza frente  al domicilio o lugar de trabajo de alguna persona que se desea denunciar. Nació en su uso político en Argentina en 1995 como una acción directa de la organización de derechos humanos HIJOS, para denunciar la impunidad de los genocidas liberados de procesos judiciales en su contra, amparados en el indulto concedido por Carlos Menem, transformándose así en una apelación a la sanción social contra los infractores cuando las sanciones jurídicas fueron burladas.
 
Aun cuando el diccionario de la RAE no recoge la palabra, sí acepta “escrachar” como un coloquialismo de Argentina y Uruguay, del que señala dos acepciones: 1.- Romper, destruir, aplastar, y 2.- Fotografiar una persona. El Diccionario de la Academia Argentina de Letras lo define como una “denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de corrupción, que se realiza mediante actos como sentarse en el suelo, cánticos o pintadas frente al domicilio del escrachado, el lugar de trabajo o lugares públicos donde se les identifica mediante panfletos y cartelones”.
 
En España, el escrache ha sido utilizado principalmente por la organización Plataforma de Afectados por la Hipoteca, siendo a la fecha sus principales destinatarios los diputados que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada  por la organización defensora de los derechos humanos. Cabe destacar que las ILP son propuestas de leyes que requieren como mínimo el apoyo de medio millón de firmas y que en este caso tuvo un respaldo de un millón y medio de ciudadanos que firmaron. Fue resistida en su admisión por el Partido Popular (PP) (partido político español mezcla de conservadores, liberales y centroderechista) que han manifestado su propósito de rechazarla.
 
Cabe citar las manifestaciones del periodista y escritor español Isaac Rosa, quien en uno de sus artículos señala el escrache como el último recurso de los abandonados por el sistema, quien expresa:
 
… "los antidesahucios no han empezado por los escraches, sino que antes de llegar hasta aquí han ido subiendo todos los escalones previos: confianza en el sistema (que los dejó tirados), denuncias en los juzgados (pero la ley hipotecaria los desamparaba judicialmente), peticiones a los gobernantes (oídos sordos), manifestaciones (ignoradas o reprimidas), paralización de desahucios (recibiendo a cambio más policía), recolecta de firmas y presentación de una ILP (que el PP se resistió a admitir a trámite, y piensa rechazar), y ahora, después de consumir todos los cartuchos anteriores, el escrache".
 
Los escraches tienen un alto nivel de apoyo en España. Según encuesta del 2013, el 78% de los encuestados estaba de acuerdo con la campaña de escraches impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, siempre y cuando ésta  sea pacífica. Un 68% de votantes del PP, cuyos dirigentes son el objetivo de los escraches, los justifica. Asimismo, para el 68% de los encuestados, los escraches constituyen un derecho ciudadano amparado por la libertad de expresión. Únicamente un 18% considera que este tipo de acciones supone el delito de coacción contra los representantes políticos.
 
Como  era de esperarse, las denuncias contra los abusos de los bancos y financieras, especialmente en el ámbito de las concesiones hipotecarias ha debido enfrentar en los tribunales intentos de criminalización, especialmente por parte de algunos partidos políticos, además de la manipulación de la opinión pública por algunos medios de comunicación, pero ya ha habido resoluciones judiciales en España que reconocen que el escrache no es una forma de acoso sino un ejercicio de la libertad de expresión, que garantiza la Constitución Española de 1978, al igual que la protección que ofrece la Constitución de Costa Rica a dicha libertad.
 
La funa y el roche
 
La expresión “funa” se deriva del lenguaje de los mapuches, habitantes de la zona sur de Chile, conocido como “mapundungun”.  Significa podrido, término del que a su vez se deriva "funan", para referirse a podrirse o a lo que arruina o echa a perder algo. Existe en Chile la Comisión Funa, que tuvo su origen en el grupo conocido como Acción, Verdad y Justicia (HIJOS- Chile) que inició actividades en octubre de 1999 con la unión de diversas organizaciones juveniles, políticas y estudiantiles.
 
El “roche”  se deriva del verbo “rochar” que el diccionario de la RAE identifica como un chilenismo que significa sorprender a alguien en algún ilícito. Para los peruanos el término se refiere a acusar a alguien, persona o institución, para avergonzarla. La expresión “hacerle roche” es empleada para indicar que al “arochado” hay que desenmascararlo y abatir su insensibilidad cuando no muestra vergüenza por alguna acción equivocada o que no ha sido demostrada y sancionada por los tribunales de justicia.
 
La sanción social
 
Independientemente del nombre con que se les identifique, todas estas acciones propenden, desde el punto de vista sociológico, a la llamada “sanción social”.
 
Luego de una investigación de los hechos a reprochar, y de acordar una acción, el grupo se congrega en un sitio desde donde inician una marcha pacífica hasta la casa o lugar de trabajo del personaje cuestionado, sin perjuicio de hacerlo a veces en alguna de las vías por las que acostumbra transitar.
 
Hacen una ruidosa manifestación mostrando sus carteles, generalmente de confección individual, además de proceder a rayados en las paredes y el pavimento; distribuyen volantes y propaganda escrita con la que dejan en claro ante los vecinos y comunidad en general, el pasado que tuvo la persona, los casos en que estuvo involucrado, los procesos judiciales que ha logrado burlar, en los que está procesado o citado a declarar, especialmente si se refiere a desapariciones, ejecuciones o torturas en las que se le considera involucrado, sin que falten fotos del sancionado, que incluye su dirección y número de teléfono.
 
Desde luego este tipo de sanción social ha sido criticada y considerada una forma de tomar la justicia con las propias manos, sin acudir a los medios y las instituciones habituales.
 
Los miembros de los movimientos de sanción social alegan que la acción se ejecuta cuando, transcurrido un tiempo más que suficiente para investigar y desenmascarar a los culpables, que no han sido procesados por los tribunales de justicia e incluso han recurrido a defensas bastardas, basadas en el poder económico, o al ardid de la prescripción que manifiestamente resulta amparada por la inercia o  el manejo espurio y premeditadamente lento de una causa, no se ha logrado ninguna condena.
 
Para decidir su actuación señalan que “si no hay justicia hay sanción social,” superando así la denegación de justicia por parte del Poder encargado de administrarla, que se hace tardía, lenta y parcializada en beneficio de los detentores del poder económico.
 
La sanción social tiene como antecedente las campañas de búsqueda y denuncia de los cazanazis realizadas en diversos países de Europa y América del Sur, de los nazis que habían logrado evadir las responsabilidades derivadas de sus actuaciones genocidas, no habían sido condenados y pretendían la impunidad con el cambio de nombre, de domicilio y manteniendo perfiles bajos de figuración social.
 
Los cazanazis lograron éxito en muchos casos, consiguiendo que los fugitivos fuesen capturados, juzgados y condenados. La campaña de acoso se lograba reuniendo a un número de activistas de derechos humanos con pancartas y letreros para presentarse en su domicilio o en algún punto de su trayecto cotidiano, acusándolo de sus crímenes contra la humanidad, haciéndole preguntas y filmando sus reacciones.
 
Los detractores

 
Como en todas las actividades sociales, contra el escrache, la  funa o el roche, han aparecido los infaltables detractores, que lo consideran una metodología propia del fascismo y que nada tiene que ver con la democracia. Alegan que este tipo de sanción social es un método de autoritarismo despiadado, cargado de violencia, propia de los peores regímenes totalitarios, quienes “marcaban” a sus víctimas para denigrarlas o atormentarlas.
 
Como fundamento citan el marcaje de los judíos (amarillos), los homosexuales (rosa) y las lesbianas, prostitutas, vagabundos, delincuentes, drogadictos y alcohólicos (negro) de los nazis en los campos de concentración, así como la estrella de David, pintada como grafiti en las paredes de las casas de los judíos. Igualmente señalan el “marcaje” que los fascistas utilizaron durante la guerra civil española y la dictadura de Franco.
 
El más elemental análisis de los fundamentos esgrimidos por los detractores deja en claro que los “marcajes” invocados como sustento de su rechazo a la sanción social es equivocado, ya que todos ellos se refieren a grupos sociales segregados por motivos de religión, posición política y otras conductas (en general todas violatorias de los derechos humanos), pero ninguna de ellas fue contra individuos a los que se les señalaba como culpables de algún delito.
 
Por el contrario, la sanción social se realiza contra instigadores o cómplices en delitos como el genocidio, la tortura y la desaparición forzada de personas, que han logrado eludir la acción de la justicia o pretenden una posición social respetable, a pesar de un pasado oscuro y denigrante, logrado muchas veces a partir de actos deshonestos y abiertamente ilegales, que lograron encubrir por intereses políticos o amparados en solvencia económica, muchas veces conseguida con las conductas que se le reprochan.
 
La sanción social en Costa Rica 

 
En nuestro país, la sanción social no se ha formalizado como un comportamiento de grupos para sancionar a los responsables de actos de corrupción ni enriquecimiento ilícito.
 
A pesar de ello, ya se evidencian algunas conductas que tienden a formalizarlas. Tengo como ejemplo al respecto el meme que se colocó en mi sitio en Facebook donde se invitaba a reunirse frente a la Asamblea Legislativa para realizar un acto de repudio contra un diputado que había presentado doscientas mociones para bloquear una ley de interés público, para forzar la aceptación de un proyecto de menor relevancia presentado por él. Mediante un “arreglo” - de esos que la opinión pública nunca llega a conocer - las mociones fueron retiradas y el acto que habría significado una sanción social contra el “mocionador” fue suspendido.
 
Aún sin materializarse, la propuesta se transforma en un atisbo de futuras conductas que las redes sociales podrían incentivar y llevar a muchas personas que, sin necesidad de líderes ni grupos políticos, amparados solo en su disconformidad coincidente, se unan para protestar contra sujetos que pretendan la impunidad para actuaciones reñidas con la legalidad, que fueron posibles a partir de la tolerancia con que fueron permitidas.
 
Por medio de las redes sociales, la sanción social podrá también llevar a conocimiento público la actuación de funcionarios que tratan de conseguir la impunidad amparándose en el traslado de responsabilidades a subalternos, incluso sujetos a relaciones jerárquicas que deberán reconocerse como argumento válido de exclusión de responsabilidades administrativas. Eventualmente, memes y textos reiteradamente compartidos por los usuarios podrán alcanzar la difusión pública que ya ha logrado la sanción social en otras latitudes. 

*Abogado constitucionalista

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