En marzo pasado la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa  (RedMICA) presentó a la prensa y la sociedad costarricense su propuesta de Ley Participativa de Radio y Televisión.

La propuesta de RedMICA incluye a los medios comerciales, pero enfatiza la necesidad de que exista también una amplia variedad de medios culturales, comunitarios y de servicio público. El texto aboga también por la prohibición de la censura previa, la independencia de los medios y la libertad editorial.

El anteproyecto de ley del gobierno, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones fue duramente atacado hace unas semanas por incluir artículos que censuraban el contenido de los medios y establecía fuertes sanciones a los concesionarios.

Desde el 2012 la Contraloría General de la República ordenó al Estado iniciar un proceso de revisión y actualización de la ley vigente que data de 1954.

Un enérgico opositor de la propuesta del gobierno y de la RedMica ha sido la Cámara Nacional de Radio (CANARA). Su presidente, Gustavo Piedra, en una amplia entrevista con Primera Plana planteó la preocupación del sector empresarial sobre estas iniciativas por considerarlas ajenas al “modelo costarricense”. 

Para CANARA, ya existe una experiencia exitosa de radios comunitarias desarrollada por el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica (ICER), y no ven la necesidad de implementar un modelo distinto.

Acceso para todos

Marvin Amador, comunicador, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y miembro de la RedMica, descalifica este criterio.

“No hay duda de que el ICER y la Cadena de Radioemisoras Culturales que esa ONG ha manejado han hecho un gran aporte a la radiodifusión de este país (…) pero también hay que señalar que es una fórmula de casi 40 años, que surgió cuando en este país las ONG de fuera de las comunidades formulaban los proyectos desde las lógicas e intereses de las ONG, no desde las lógicas comunitarias”, afirma Amador. 

Según el representante de la red eso explica por qué hoy en día las Juntas Directivas y los colectivos locales que atienden esas emisoras culturales dependen de decisiones y de procedimientos que se definen en San José.

Señala además que si las posibilidades de lo comunitario se reducen únicamente a la propuesta del ICER, decenas y decenas de comunidades del país quedarían excluidas de las posibilidades de hacer radiodifusión.

RedMica, y así lo establece en su propuesta de ley, el Estado debe asegurar, al igual que a los operadores comerciales, acceso y uso del espectro a otros sectores sociales que se interesen en hacer radiodifusión para cumplir objetivos que no sean de lucro, y la única forma democrática de hacerlo es mediante la apertura de medios comunitarios desde la lógica de las comunidades de sentido.

De lo contrario, consideran, la democracia y la libertad de expresión seguirán siendo limitadas  pues no puede haber democracia cuando un recurso público se le concede, en la forma de un privilegio odioso, a un solo sector.

“No puede haber libertad de expresión plena cuando las plataformas masivas o colectivas excluyen a sectores que aspiren a hacer radio para atender objetivos que no tengan que ver con el lucro, o cuando se niega el uso de la palabra a quienes no comulgan con los intereses y las visiones de los actuales operadores comerciales”, señala Amador.

RedMICA continúa con el trabajo de recolección de las 145.000 firmas necesarias para presentar este proyecto ante la Asamblea Legislativa por el mecanismo de iniciativa popular.

Marvin Amador conversó con Primera Plana sobre diversos aspectos de la Ley de Radio y Televisión y la visión de la propuesta de la RedMica.

A continuación, la entrevista.