La ausencia de legislación en materia de radiodifusión es una de las preocupaciones en materia de libertad de expresión, según Edison Lanza, Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de visita en nuestro país.

Lanza hizo incapié en la importancia de las radios comunitarias en el desarrollo de los países y consideró como “esenciales” los conceptos de igualdad de condiciones, no discriminación y transparencia en la regulación del espectro radioeléctrico.

“El hecho de realizar subastas para la distribución de frecuencia deja en claro la desventaja de los medios comunitarios, regionales o alternativos”, manifestó el enviado de la CIDH durante una conferencia realizada el miércoles 25 de junio en Nova Cinemas, basada en los resultados del informe anual de la Relatoría.

Dicho informe detalla la necesidad de que exista transparencia en la asignación de frecuencias y de promover la pluralidad de voces y diversidad en los medios.

Recalcó la obligación del Estado, con miras a  la transición digital, de evitar una gran concentración de medios, de manera tal que se protejan a los que ya tiene su espacio y su licencia, pero también darle la oportunidad de expresarse a otros sectores de la sociedad.

“La transición de la señal analógica a digital no es solo un cambio de tecnologías, es la oportunidad de mejorar la conformación de los sistemas de medios. La libertad de expresión implica la posibilidad de fundar un medio”, añadió.

Según dicho Informe, la autoridad competente en materia de radiodifusión en los diferentes Estados, deberá ser un órgano independiente de la influencia política y económica.

En Costa Rica, la ley que regula el otorgamiento de frecuencias data de 1954.  Desde el 2012 la Contraloría General de la República solicitó iniciar un proceso de revisión y actualización de la ley vigente.

El proceso para la elaboración de un borrador de proyecto fracasó tras la inclusión de artículos que regulaban contenido y provocó que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, pidiera la renuncia de la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Gisella Kopper, y del viceministro Allan Ruiz.

Protección a la prensa

Otro elemento señalado por la relatoría como amenzante para el ejercicio de la libertad de expresión en el continente es la utilización de herramientas jurídicas para sancionar críticas o informaciones de interés público dadas a conocer por los medios, comunicadores o periodistas.

El Informe menciona, a manera de ejemplo lo que sucede en países como Brasil, Ecuador, Venezuela y Guatemala, en donde funcionarios públicos utilizaron este recurso para censurar “publicaciones incómodas”.

“La acción penal que se aplica para sancionar la publicación de una denuncia u de otra índole, se considera como restricción a la libertad de expresión. Es una especie de censura”, advirtió Lanza.

Sobre este tema existen discrepancias entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras para la Comisión no debe haber sanción penal contra casos de interés público y funcionarios públicos y las sanciones deben limitarse al ámbito civil cuando exista real malicia, la Corte no ha descartado el uso del derecho penal en casos de delito contra el honor, aunque éste solo deba ser utilizado como último recurso.

Restricciones indirectas

A pesar de que la censura previa está totalmente prohibida por la Comisión Interamericana y es considerada como una violencia extrema a la libertad de expresión, el infome detalla la existencia de gobiernos que aplican otras medidas para censurar o limitar el derecho a informar, comunicar o manifestarse.

“Sacar un canal de aire solo porque a alguien no le gusta, incautación de libros o material de imprenta, la prohibición judicial para publicar cualquier texto y la orden de descargar solo determinados enlaces de internet, son algunos ejemplos de restricciones indirectas” señaló Lanza.

De igual forma la Comisión recomienda que la designación de  la publicidad oficial debe delegarse con criterios objetivos y no solo valorar a aquellos  medios que son dóciles amigos y otros que son más críticos.

Un paso positivo –sugiere la Comisión- es que el Estado asigne la publicidad oficial de forma regulada bajo los estándares Interamericanos de Derechos Humanos para garantizar y promover la libertad de expresión.

A pesar de que la situación de Costa Rica en materia de libertad de expresión es buena según los estándares y evaluaciones de organismos internacionales, aún quedan temas pendientes por resolver.

Andrea Alvarado, fiscal del Colegio de Periodistas, calificó de “muy valiosa” la visita del Relator dada su experiencia y conocimiento en materia de libertad de expresión.  Consideró muy positiva su posición en torno a las radios comunitarias y el pluralismo que demanda una sociedad democrática.

“Su aporte fue muy importante. Con su visita se logró convocar a diversos sectores que es lo que necesita este país para avanzar en esta materia”, señaló Alvarado.  

Por otra parte, Mauricio Herrera, ministro Comunicación, considera que a partir de lo expuesto por Lanza, hace falta trabajar en materia de transparencia en el sector público y profundizar en los mecanismos que ayudarán a atender las fricciones entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos.

“Hay que profundizar en el diálogo para llegar a criterios más homogéneos y claridad en cuanto a la distribución de la publicidad oficial y discutir las diferentes formas en que los medios se puedan adaptar a la nuevas tecnologías al mismo tiempo que permita la participación de todos”, concluyó Herrera.