Solo el año pasado la Defensoría de los habitantes recibió 30, 264 denuncias provenientes de zonas rurales, urbano marginales y con un pobre nivel de desarrollo social.

La brecha entre pobres y ricos, y el contraste en la calidad de atención que reciben las poblaciones en riesgo social y las ciudades o comunidades del área metropolitana con mejores condiciones de vida, quedó en evidencia en el estudio “Balance de la situación de los Derechos Humanos en Costa Rica 2014-2015”, presentado ayer por la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano y el Defensor Adjunto, Juan Manuel Cordero.

Según este estudio la mayor cantidad de denuncias tiene relación directa con el Índice de Desarrollo Social (IDS): entre más bajo sea el desarrollo de cantones y distritos, más vulnerables se vuelven los derechos de los ciudadanos.

También sale a relucir el papel que juegan las instituciones del Estado en la poca o nula respuesta que se brinda ante las necesidades de las personas que habitan zonas geográficas alejadas o marginales.

“Estas denuncias y estas quejas reflejan líneas de inequidad presentes en el país. Los y las habitantes demuestran su inconformidad con la falta de respuesta de las instituciones del Estado en las zonas más alejadas.”, manifestó Solano.

Según la Defensoría, las mujeres entre 25 y 34 años de edad son parte de la población más afectada y aportan una gran cantidad de denuncias. Se trata de mujeres con muy baja escolaridad que radican en zonas muy alejadas de la capital o en zonas urbanas de escaso nivel socioeconómico.

Pérez Zeledón es una de las zonas que presenta más denuncias a la Defensoría de los Habitantes

Inequidad creciente

Por otra parte, se han originado denuncias de ciudadanos con una secundaria incompleta evidenciando el crecimiento de la brecha social y el poco avance de Costa Rica en materia de educación y desarrollo inclusivo, con esfuerzos tímidos para lograr reducir esta diferencia.

“Vemos un desarrollo y discusiones políticas que se centran sobre todo en relación con problemas que se viven en al gran área metropolitana. Urge darle mayor voz a las necesidades de las personas que viven fuera de esta zona”, puntualizó la funcionaria.

Otro dato presente en esta investigación, y que preocupa a la Defensoría, es la posibilidad de que las denuncias relacionadas con el atraso en la prestación de servicios públicos, en el fondo sean generadas por la discriminación y una inequitativa distribución del presupuesto y recursos de las instituciones públicas ubicadas en áreas urbanas y rurales.

O bien, que el establecimiento de ciertos requisitos o trámites propicien la violación de los derechos de las personas de bajos ingresos económicos.

El cantón que mayor cantidad de denuncias presenta, a nivel nacional, es Pérez Zeledón con un 14% del total nacional, seguido de San Carlos y Puntarenas con un 8% y 7% respectivamente.

Para tratar de erradicar esta problemática, Solano mencionó que una de las soluciones puesta a prueba es visitar las comunidades. El programa “Oficina sin paredes” incluye recorridos a lo largo de este año en 70 comunidades alejadas del Valle Central para la atención de denuncias y consultas y, promover la participación activa en redes interinstitucionales en las regiones.

Los datos del estudio de la Defensoría vienen a reforzar el panorama de desigualdad creciente que se vive en el país en donde en el 2013 los ingresos promedio del 20% de hogares más ricos del país fueron 13 veces mayores que los del 20% más pobre.

Según el vigésimo Informe Estado de La Nación Costa Rica registra la mayor desigualdad en los últimos 30 años; esto a pesar de que el país ha experimentado un crecimiento real del ingreso durante cinco años consecutivos.