Los ciudadanos de nuestro país tienen el derecho, consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política, de acceder a la información de interés público.

Sin embargo, hacer valer este derecho requiere del conocimiento necesario para utilizar los métodos y realizar los trámites necesarios.

Para ayudar a la población y a los profesionales en comunicación que con frecuencia deben  solicitar y entregar información, a hacerlo de la manera correcta, el periodista y director de la revista semanal televisiva 7 días, Rodolfo González, impartió en el Colegio de Periodistas de Costa Rica el  taller “Información Pública: ¿qué, cómo y cuándo pedirla?”.

González ejemplificó con casos aquellas resoluciones reiteradas sobre las cuales la Sala Constitucional ha emitido jurisprudencia.

Paso a paso

El periodista puede solicitar la información a la institución pública  por un medio escrito o de forma verbal, pero siempre detallando de forma concisa los datos que requiere, de manera que sea fácil de entender para quien debe entregar la información.

Si se llegara a dar la situación de que la institución niega lo solicitado, la negativa debe fundamentarse y responderse, de manera verbal o escrita, según la forma como haya sido solicitada.

La institución o empresa no puede alegar, de ninguna manera, la falta de personal asignado para recabar lo solicitado. Según resoluciones de la Sala Constitucional, tampoco es válido argumentar deficiencia presupuestaria, extravío de documentos o carga excesiva de trabajo para negar información.

“El tiempo para que una institución brinde información es de 10 días. En algunas ocasiones puede ser un poco más pero tampoco debe doblar esa cantidad, y se debe justificar de manera válida el atraso”, explicó González.

Existe también la probabilidad de que quien otorga la información en lugar de brindar un dato o documento específico, entregue grandes cantidades de información que puedan ser irrelevantes.

En el caso de que el periodista requiera datos confidenciales; por ejemplo, nombres  de funcionarios, la institución tiene la autorización de negarse en caso de que se esté llevando a cabo un proceso de investigación administrativa y se puede violentar la presunción de inocencia de alguno de los involucrados.

Control privado

Se tiene la idea de que la solicitud de información está siempre dirigida a instituciones públicas; sin embargo, las empresas privadas que han ganado concesiones o licitaciones para brindar servicios que son de carácter público también tienen la obligación de brindar información, en cuyo caso se convierten en sujetos privados en condiciones especiales.

La Sala Constitucional en su resolución 19140-2009 estableció que bajo ciertas circunstancias muy especiales se da la posibilidad jurídica de dar curso a un proceso de amparo frente a sujetos de derecho privado, si estos no brindan información que sea de interés público.

El periodista Rodolfo González utilizó varios ejemplos y jurisprudencia para mostrar la manera correcta de solicitar o entregar información.

Esta resolución de la Sala rompe con el dogma de que solo el Estado es sujeto al control constitucional.

Es importante destacar que la empresa privada no puede basarse en reglamentos internos o normativas que exijan al solicitante plantear la petición de forma escrita, pues este requisito  violentaría el artículo 30 de la Constitución Política.

De igual forma, la persona que brinda la información podría optar por responder de forma escrita  para protegerse del mal uso que se le pueda dar a la información que otorga, aún y cuando la solicitud se haya realizado de forma oral. Este mecanismo también es válido para la institución pública.

Rodolfo González comentó que aún en casos donde exista una investigación a raíz de una denuncia la empresa no está exenta de tener que dar la información solicitada, siempre y cuando esta sea de interés público.

“Obviamente no se puede esperar información que sea de carácter confidencial y sensible, como  nombres o relación de hechos que esté realizando la institución que investiga, solo información general”, aclaró González.

Hacer valer el derecho

En caso de que el ciudadano o comunicador no vea satisfecha su solicitud, la ley preveé herramientas para hacerla valer. El derecho de rectificación y respuesta y el recurso de amparo son instrumentos disponibles para cualquier persona que se sienta afectada.

El derecho de rectificación y respuesta se utiliza en el caso de informaciones inexactas o agraviantes emitidas en contra de una persona, a través de medios de difusión que se dirijan al público en general.

Una necesaria aclaración sobre este derecho la ofreció el periodista Rodolfo González en su disertación: “Este derecho no consiste en que el medio se retracte de lo dicho, sino que publica la versión faltante de la otra parte y no siempre abarca el mismo tiempo o espacio que la publicación original”.

Además, para poder ampararse bajo este derecho la persona agraviada, tanto en lo profesional como en lo personal, debe cumplir con una serie de requisitos: la respuesta debe ir dirigida al director del medio; debe ser clara y concisa, enviarse de forma escrita,  pedirse dentro del plazo de 5 días naturales y dirigirse a una persona, no a la institución.

“Las instituciones no son personas, no tienen derechos fundamentales”, aclaró González. Y añadió que si al funcionario de esa institución no se le pide su versión de un asunto, esto cabe como inexactitud.

En cuanto al recurso de amparo, este se puede aplicar cuando se violente algún derecho fundamental, excepto el  de la libertad personal.

Para presentar este recurso no es necesario requerir de los servicios  de un abogado y a la hora de redactarlo debe constatarse claramente el derecho que se violenta, a quién va dirigido el recurso (el funcionario y su jerarca) la petición y el contacto de la persona que lo interpone.

Finalmente, cuando la información solicitada es brindada en formato digital, la institución o empresa debe garantizar que se trata de  un formato accesible para el solicitante. De lo contrario, esto equivale a no brindar la información.

La única salvedad para hacer valer el derecho de acceso a la información, es Secreto de Estado. No obstante, según lo estipuló la Sala Constitucional existe un vacío legal pues se trata de un concepto muy vago que no permite definir concretamente cuál información puede ser considerada con esta condición.