Luego de los despidos en Canal 9, el anuncio de la cancelación de la programación local y los insistentes rumores sobre la venta de la frecuencia, el Colegio de Periodistas de Costa Rica decidió elevar varias consultas al viceministro de Telecomunicaciones, Emilio Arias. 

En relación con el presunto traspaso de la concesión de la frecuencia de Canal 9 a otras manos Arias confirmó, en misiva con fecha del 15 de octubre, que ese viceministerio no ha recibido ningún tipo de solicitud o gestión (ni oficial ni informal) de cesión del derecho de uso de la frecuencia de Canal 9 de televisión, concesionada a la empresa Celestrón S.A.

No obstante, Arias informó que el 9 de octubre pasado la Unidad de Control Nacional de Radio recibió documentación de un contrato oficial firmado entre Ruby Lyn Silva Gómez, gerente general de la empresa As Media S.A., propietaria de la totalidad del capital accionario de la compañía Celestrón  y la empresa Multivisión TV S.A.

El contrato de compraventa fue acordado y suscrito condicionado al cumplimiento de los lineamientos e instrucciones que gire el Viceministerio de Telecomunicaciones.

Esta información fue confirmada por David Vargas McCallum, presidente y único accionista de la compañía Multivisión.

La actual ley de radio establece la prohibición de traspasar o enajenar el derecho a una frecuencia sin la previa autorización del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Mar de dudas

El viceministro Arias aclaró que a pesar de la comunicación oficial recibida sobre la situación accionaria de la empresa a la fecha no se ha presentado ante este Viceministerio ninguna solicitud oficial de cesión del uso de dicha frecuencia.

En caso de recibir alguna solicitud, lo que corresponde es iniciar el estudio respectivo para resolver con criterio técnico la cesión o no de la concesión.  Si se trata de cesión de acciones el trámite se remitiría a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 

El 5 de octubre el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMica) manifestaron su preocupación por la poca claridad sobre la reestructuración de la empresa AS Media, propietaria de Canal 9 y el estado actual de esta frecuencia televisiva.

Para ambas organizaciones existe un vínculo entre Canal 9 y Representaciones Televisivas S.A (Repretel). Como prueba de esa relación comercial citan en el comunicado que “después de suspender su programación durante seis horas el pasado lunes 28 de setiembre, Canal 9 comenzó a transmitir un musical de La Mejor TV, un programa de Canal 2, perteneciente al grupo Repretel”.

En mayo pasado Diario Extra citó una nota del Diario1.com en donde se aseguraba que Ángel González, dueño de Repretel, habría comprado Canal 9 en Costa Rica.   

“En una apurada negociación celebrada en México, el empresario Remigio Ángel González compró el Canal 12 de El Salvador por $20 millones, confirmó Diario1.com. El mexicano le compró Canal 12 a su coterráneo, el empresario poblano Raymundo Alonso, de quien adquirió también el Canal 9 de Costa Rica”.

Fernando Contreras, presidente de Repretel, ha negado en reiteradas ocasiones ese vínculo o la intención de su representada de adquirir el Canal 9.

Ley obsoleta

El otro tema consultado por el Colper tiene que ver con la anunciada eliminación de producciones locales de la parrilla del canal.

En un comunicado oficial enviado por la gerente de Canal 9, Lyn Silva explica que las pérdidas por la falta de ingresos publicitarios los obligó “a tomar la triste y no deseada medida de cerrar programas de producción nacional que transmitimos en vivo, como, por ejemplo, el noticiero Hoy, la revista matutina Su Mañana y el Noveno Piso, entre otros”.

El cierre efectivo de esos espacios se hizo efectivo a partir de del viernes 25 de septiembre de 2015.

Si bien la Ley de Radio vigente dispone que el porcentaje de programas filmados o grabados en video tape en el extranjero no podrá exceder el 60% del total de programas diarios emitidos, la legislación actual establece una multa por incumplimiento de tan solo 3 mil colones.

El viceministro Arias reconoce la necesidad de revisar y actualizar el marco jurídico actual, razón por la cual están iniciando el proceso de construcción de una propuesta, “de manera que los concesionarios actuales y futuros posean seguridad jurídica y paguen montos razonables por el uso del espectro radioeléctrico, para esos efectos”.

Para esos efectos ese viceministerio solicitó una prórroga a la Contraloría General de la República que les permita elaborar una propuesta de proyecto de Ley de Radio, “con absoluta transparencia, con la rigurosidad pertinente y apegada a criterios técnicos”.

La propuesta del MICCIT deberá ser discutida y votada en la Asamblea Legislativa en donde también estaría sujeta a modificaciones por parte de los congresistas.

Desde el 2012 la Contraloría General de la República solicitó iniciar un proceso de revisión y actualización de la ley vigente que data de 1954.