La Defensoría de los Habitantes sigue con sigilo las acciones realizadas por diversas instituciones encargadas de la protección de los mantos acuíferos de Barva y Río Segundo. Esto debido a la operación de un tajo y sus posibles afectaciones, según resolución de la Sala Constitucional.

Los Magistrados ordenaron que bajo la coordinación de Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara), se debían tomar las medidas necesarias para la protección de los acuíferos de la zona, en conjunto con el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Rafael de Heredia, la Dirección de Geología y Minas, la Dirección General de Armamento, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la empresa encargada de operar el tajo.

Entre las disposiciones acordadas se cuenta la realización de estudios hidrogeológicos de contaminación por medio de hidrocarburos; realizar un estudio hidrológico exhaustivo, también un estudio de las zonas de protección, la influencia o afluencia de los acuíferos y la medición del nivel de profundidad de explotación para evaluar el impacto del tajo sobre los recursos subterráneos.

“La Defensoría considera que falta coordinación  entre las Municipalidades, el Ministerio de Salud y el SENARA,  para  poder asegurar la protección de estos mantos”, dijo la defensora Monserrat Solano en un video difundido por la institución.

A la Defensoría de los Habitantes le preocupa también que la concesión de dicho tajo vence en abril del 2016 y esta puede ser renovada sin que se hayan resuelto los cuestionamientos sobre su operación.

La situación actual obliga a las instituciones involucradas a verificar su buen funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos solicitados, así como los compromisos adquiridos por la empresa en el cronograma elaborado por SENARA, señaló Solano.