Hace un año y siete meses la niña Yerelyn Guzmán Calvo, de seis años de edad, desapareció de su casa en el barrio San Martín de Santo Domingo de Heredia.

Aunque Yerelyn  aún no ha sido hallada, Alejandro Guzmán Argüello fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de sustracción y abuso sexual contra la niña.

Según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, durante los últimos tres años, el caso de Yerelyn y el dos niñas, una de un año y otra de tres meses que desaparecieron con sus padres de Matina en Limón, son los  únicos reportes de desaparición de menor sin resolver. 

No obstante, las recurrentes alertas de menores desaparecidos parecen ser señal de que algo inusual está ocurriendo y generan, incluso, temores infundados como la vinculación de estas desapariciones con  grupos criminales organizados relacionados con la explotación sexual o el tráfico de órganos.

En el OIJ niegan de forma enfática que fenómenos de esta naturaleza sean parte de nuestra realidad actual. “La situación no es tan caótica”, afirma Randall Zúñiga López, Subjefe de la oficina de Planes y Operaciones de esa dependencia. Zúñiga se apoya en estadísticas suministradas por Juan Carlos Quesada, analista criminal del OIJ.

En el 2014 -por ejemplo- de 335 menores desaparecidos al final se lograron ubicar a 316.  Y de los 19 reportados como no aparecidos 16 son casos de menores que salieron del país con el papá o la mamá.

“Aunque el OIJ tenga esta información, al no estar físicamente en el país siguen siendo reportados como desaparecidos”, explicó Zúñiga. 

“Muchos de estos casos se denuncian inicialmente como desaparición, pero luego se determina que fue por substracción de parte de un pariente, debido a un rompimiento del vínculo familiar”, agrega Quesada.

Enemigo en casa

Ahora bien, lo que sí está sucediendo y también es cuantificable, es que, en el caso de los menores de edad, una causa principal de reporte de desaparición es por fuga de hogar (un 47%), y en este caso la mayoría son mujeres. 

De enero del 2013 a diciembre de 2015 se reportaron 291 casos de niñas desparecidas de entre 10 y 13 años de edad. En ese mismo periodo, los casos de edades entre 14 y 17 sumaron 563 para un total de 854 reportes.

En el caso de los varones menores de edad la cifra es mucho menor, con 270 casos reportados.

“Hay un patrón en el caso de las muchachas entre 12 y 17 años que deciden irse del hogar con hombres mayores de edad, y en algunos casos hasta con señores de más de 40 o 50 años”, apunta Quesada.

Los números, reflejo de una nueva realidad en el país, son preocupantes para los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). “La mayoría de casos de fuga es por una situación específica de riesgo en el hogar o de vulnerabilidad que hizo que esa persona se quisiera ir. Ninguna persona menor de edad que esté bien en el hogar quiere irse”, afirma Maraya Bogantes Arce, Asesora Jurídica del PANI.

“Una chica se ocultó en la montaña por temor a ser agredida por su papá y su madrastra”, ejemplifica Tatiana Mejía Ramírez, psicóloga de la institución. Para Mejía lo que hay de fondo es un problema en las relaciones familiares y la utilización de la violencia como un medio para educar. "Al final, la respuesta de una persona menor de edad es huir”, razonó. 

Falta educar

El problema se agrava por la falta de información y educación, lo cual quedó en evidencia por los comentarios emitidos en redes sociales ante el protocolo de emergencia que se activó en el mes de diciembre para atender denuncias de personas menores desaparecidas.

En total el PANI emitió ese mes 9 alertas por medio de mensajes de texto enviados a los teléfonos celulares.

Según Tatiana Mejía, por un lado hay una población que se alerta y tiene una reacción un poco más reflexiva, pero también hay otro grupo considerable de personas que aún no se ha sensibilizado con el tema y que agreden con comentarios misóginos a las chicas, en su mayoría mujeres adolescentes.

“No hay conciencia de que en algunos de los casos de fuga de hogar las muchachas están inmersas en relaciones impropias, en donde hay abuso de poder, pero la gente no tiende a ver eso”.  

Lo que se tiende a ver, explica la psicóloga, es a una chica con un inadecuado comportamiento social, que irrespeta a las figuras de autoridad del hogar y que se va de la casa.

Anualmente el PANI recibe del Servicio de Emergencias 911 alrededor de 45 mil reportes o incidentes de violencia hacia personas menores de edad.  “Eso nos habla de un fenómeno que hay que atender”, advierte Mejía. 

“En el caso de fugas debemos preguntarnos qué está sucediendo para que las familias no puedan contener a estos menores en donde, se supone, es su entorno de protección”.

Trabajo conjunto

Con el fin de atender mejor el problema de personas menores de edad reportadas como desaparecidas, en noviembre del año pasado se publicó la Ley 9307.

Esta ley crea un sistema de alerta y procedimientos para que instituciones públicas y privadas puedan reaccionar de manera inmediata ante la desaparición o substracción de menores de edad.  

Corresponde al OIJ poner y levantar las alertas por la desaparición de las personas.  Una vez recibida la denuncia se hacen las valoraciones respectivas para determinar si el caso corresponde a desaparición, fuga o alejamiento. 

En principio serán alertados el Ministerio de Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si el OIJ determina que en efecto se trata de un caso de desaparición de una persona menor de edad, se procederá a emitir una alerta nacional a la población por medio de empresas telefónicas y medios de comunicación.

La fotografía de la persona menor de edad desaparecida será suministrada y autorizada por los familiares como parte de la investigación, y se publicará en la página web del PANI que se habilitará para esos efectos.

El sitio web también servirá para que la población pueda enterarse de los casos que se resuelven, con la debida protección de identidad de los menores.

“La ley no otorga competencias nuevas a las instituciones.  Lo que hace es articular esfuerzos y que se sepa con claridad cuál va a ser la ruta de acción en caso de una desaparición”, aclaró Maraya Bogantes, asesora jurídica del PANI. 

Para la abogada, un aspecto importante que establece la ley es que el OIJ, como coordinador de la Unidad de Alerta, deberá llevar un registro de personas menores de edad desaparecidas.