La solicitud de 28 diputados al presidente Luis Guillermo Solís, de proceder con el ordenamiento en las concesiones de radiofrecuencias propiedad del Estado, desató cuestionamientos sobre sendos informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Los resultados de un primer estudio de Sutel, publicado en febrero del 2014, revelaron subutilización de las frecuencias FM concesionadas y deficiencias en la cobertura. 

Conclusiones similares se obtuvieron a partir del estudio de Sutel sobre el cumplimento de las obligaciones de cobertura de los concesionarios de las bandas de radiodifusión televisiva.

Ambos estudios concluyen que la población está siendo privada de un servicio declarado como “actividad privada de interés público” y se declara imperativo tomar la acciones correctivas necesarias.

Recientes publicaciones de Diario Extra mencionan cuestionamientos sobre la rigurosidad de estos estudios de Sutel por parte de Hannia Vega, exviceministra de Telecomunicaciones durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014) y de cámaras empresariales.

No obstante, el actual jerarca de este viceministerio, Emilio Arias, evitó desacreditar los estudios de la Sutel y asegura que en la actualidad ejecutan acciones de reordenamiento del espectro radioeléctrico que incluyen procesos para extinciones, reasignaciones y casos pendientes de resolver antes de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, entre otras tareas.

“De ninguna manera se ha descalificado el criterio técnico emanado por el regulador”, contestó Arias a la interrogante planteada por Primera Plana sobre la posición del Micitt en este tema.

El jerarca aclaró por medio de un correo electrónico que desde la perspectiva jurídica los procedimientos administrativos requieren ser individualizados, lo cual no desmerita el fondo de los estudios.

"El ordenamiento y el uso eficiente del espectro es de alta prioridad para el Viceministerio de Telecomunicaciones, y debe realizarse con apego a la normativa que nos rige y consecuentemente con la seriedad que merece, en respeto de las garantías y procesos legales establecidos”, dijo Arias.

Por su parte la Sutel garantizó que todos sus informes y análisis técnicos cumplen con los más altos estándares utilizados por la industria a nivel mundial y cumplen de forma cabal con el Manual de Comprobación Técnica del Espectro, emitido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

“Costa Rica cuenta con un Sistema de  Gestión y Monitoreo del Espectro Radioeléctrico, que es modelo para la región”, reza la posición de Sutel enviada a solicitud de este medio.

Para realizar las mediciones la superintendencia cuenta con equipos especializados de alta precisión en 5 estaciones  fijas (Cartago, Heredia, Liberia, Pérez Zeledón y Puntarenas) y 2 unidades móviles. Estos equipos se utilizan de forma exclusiva a monitorear el espectro radioeléctrico en todo el territorio nacional.

Señales claras

La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMica) pidió, mediante un comunicado, que los datos sobre subutilización de frecuencias de radio y televisión en el país sean tomados con seriedad.

Coinciden con la postura de los legisladores que expresaron su preocupación por la falta de acciones que conduzcan a la recuperación de concesiones de radio y televisión y al ordenamiento del espectro radioeléctrico ordenado por la Contraloría de la República desde el 2013.

“No creemos que debe fiscalizarse el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, únicamente bajo términos técnicos (…) Este tema no es sólo un asunto técnico, sino que tiene que ver con el derecho humano a la comunicación”, reza el comunicado de RedMica.

“Hay una realidad que hay que abordar, y es que el gobierno debe reconocer su obligación de recuperar y reasignar frecuencias que están siendo inutilizadas”, opinó Catalina Montenegro, representante del Movimiento Social por el Derecho a la comunicación y de la RedMICA.

Montenegro citó el caso de instancias que por ley tienen asignadas frecuencias, como es el caso de la UNED (Ley 8684) y que no están teniendo acceso a ellas. “Nos preocupan dos cosas: una, que se cuestionen los procedimientos y los informes de la Sutel, y dos que se hable de procedimientos y que la información no se haga pública”, manifestó.

En ese sentido solicitan que los criterios de recuperación y asignación de frecuencias sean públicos para así darle a la ciudadanía una claridad de cómo se está procediendo. “La ciudadanía tiene derecho a tener esta información”, enfatizó. 

Para las organizaciones civiles es relevante que el gobierno plantee cuál es la estrategia de vinculación de actores para establecer una plataforma de discusión que proponga una ley reguladora del espectro radioeléctrico en Costa Rica.

De ahí que una señal clara sería un diálogo abierto con representantes de los diferentes sectores involucrados: medios privados, de servicios público, de las comunidades y medios alternativos.

Solicitan también la construcción conjunta de un proyecto de ley que establezca los mínimos no negociables avalados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, así como la implementación de procedimientos de recuperación de frecuencias que no están siendo utilizadas.

*El título original de este artículo fue modificado por aclaración del Micitt en el sentido de que ese viceministerio no puede avalar los estudios de Sutel. Se cambió la palabra "avala" por "no descalifica" para apegarse a la posición oficial emitida por el viceministro Emilio Arias.