El pasado 15 de setiembre grupos de indígenas y campesinos de la Zona Sur del país presentaron un documento al Estado con propuestas y exigencias para procurar el bienestar y la justicia en territorio indígena.

Las principales demandas tienen que ver con la recuperación de sus terrenos, el desalojo de terratenientes y personas no indígenas de los terrenos que por ley le pertenecen a la población indígena y la continuidad de los procesos en contra de los agresores.

Recuperadores de tierras miembros de la Coordinadora de Lucha Sur Sur

De acuerdo con Gustavo Oreamuno, miembro de Ditsö, estos temas son los que necesitan ser resueltos lo más pronto posible. “El conflicto está aquí. Necesitamos que nos devuelvan nuestras tierras. Ha habido ataques, amenazas y disparos con armas de fuego contra los indígenas. Esas agresiones no pueden quedar impunes”, explicó Oreamuno.

Por ello, se exige al Gobierno una respuesta clara al Protocolo para el Saneamiento Territorial, la Seguridad e Integridad de los Pueblos Bribris de Salitre y de Iriria Bribri Sä Kä, el cual fue redactado por representantes de ambos pueblos, a la vez que se pide un plan claro que permita seguir los procesos contra los responsables de estos ataques.

En relación con la recuperación de tierras, se pide de forma específica la entrega formal de las tierras Finca Changuena, Finca Térraba, Finca San Andrés y aquellas ubicadas en las comunidades de Nima Dikol, en Palmira, y Brazo de Oro, parte del territorio del pueblo Iriria Bribri Sä Kä.

Mediante un comunicado de prensa manifestaron el deseo de que el Gobierno “presente un plan con acciones, responsables, plazos y recursos necesarios, que atienda sus demandas y exigencias por una vida digna y justa.”

El pasado 29 de setiembre se venció el plazo solicitado por los demandantes para recibir una respuesta del Estado, algo que aún no ha sucedido.

Para Renier Canales, miembro de la empresa Cootraosa R.L, la falta de respuesta del Gobierno se debe a la carente diligencia de las entidades a cargo, pero sobre todo por la falta de interés del Estado.

“Si realmente hubiera mayor entusiasmo y voluntad, las cosas se movilizarían de manera más urgente dadas las necesidades que tenemos en la Zona Sur, pero no la hay y tras de eso en la administración pública las cosas caminan al paso de la tortuga”, indicó Canales.

Los indígenas también se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Diquís por considerar que corresponde a un crecimiento descontrolado de los mercados de producción y comercialización de la energía eléctrica con el único fin de generar ganancias para ciertos grupos y empresas.”

En el tema de transporte público califican como “aumentos abusivos” algunas tarifas de autobús de la Zona Sur y apoyan la aprobación del nuevo modelo tarifario de la ARESEP.

De acuerdo con Oreamuno, al no haber respuesta a sus peticiones, los miembros de las organizaciones actuarán para ser escuchados.

“Ya no vamos a esperar más. El viernes pasado hubo manifestaciones con respecto al tema de los autobuses y así seguiremos si el Gobierno nos ignora y no hace lo que tiene que hacer”, advirtió.