Para solventar la carencia de una legislación que regule la Televisión Digital Terrestre (TDT), 22 diputados de diversas fracciones políticas presentaron el martes 4 de julio un proyecto de ley en procura de garantizar un mayor pluralismo y diversidad en la programación.

A partir del apagón analógico, programado para el 15 de diciembre próximo, la televisión abierta y gratuita comenzará a transmitirse por medio de una señal digital que permite  la multiplicación de los canales de difusión y amplía las posibilidades para una mayor distribución de frecuencias. 

Según los proponentes, el dividendo digital que genera esta nueva tecnología abre una oportunidad para fortalecer la libertad de expresión en el país y garantiza una reserva de espectro para fines públicos y medios sociales. 

Los proponentes del proyecto esperan que este tenga una buena acogida en el Congreso.

La ley también vendría a solventar las debilidades normativas señaladas por la Contraloría General de la República (CGR), así como los vacíos de una Ley de Radio que data de 1954.

En un informe del 2013, la CGR resaltó la oportunidad que representa la transición a la televisión digital para mejorar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, y calificó de “omiso” el marco normativo existe con una “ley de radio obsoleta”.

Por otra parte, una investigación del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) advertía en el 2015 que de no darse una reforma, el proceso de migración hacia la TDT contaría con un marco normativo obsoleto (La ley de radio de 1954) “que ha propiciado un desorden en el uso del espectro radioeléctrico y la consolidación de un modelo esencialmente comercial”.

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Mayor democratización

Según el diputado Ottón Solís, este proyecto de ley responde, entre otras cosas, a subasanar las carencias señaladas por la CGR y a la necesidad de emprender un proceso de modernización que ha quedado rezagado en el país.

“Es un bien intangible (el espectro radioeléctrico), pero detrás de ese bien intangible hay posiblidades de democratización  o de monopolio”, dijo Solís.

El congresista subrayó la visión multipartidista de la propuesta que cuenta con la firma de representantes del Partido Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA), Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y de partidos independientes.

El congresista del PAC anticipa un proceso lento, pero dijo estar contento por la gran cantidad de congresistas que respaldan la iniciativa, aspecto que allanaría el camino para su eventual aprobación.

“Con este proyecto no se busca perseguir, no se busca castigar, no se busca acallar voces. Todo lo contrario, lo que se busca es que se optimice (el espectro radioeléctrico) para que se escuchen la mayor cantidad de voces, y eso lo único que va a lograr es el fortalecimiento de nuestra democracia”, señaló el diputado del FA, Edgardo Araya.

Araya explicó que se parte de la idea de asegurar y consolidar las concesiones existentes, y al mismo tiempo que sea el Estado quien proveea una infraestructura básica para facilitar a otros actores de la sociedad el acceso a las frecuencias.

Esto se lograría con una red neutra estatal operada por el SINART, la cual estaría en capacidad de albergar señales de televisión privadas, públicas o comunitarias, y brindaría infraestructura a los subcanales nuevos, promoviendo una mayor oferta de televisoras privadas en Costa Rica.

Javier Cambronero, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, apuntó que  tanto la Ley de Radio actual como la Ley General de Telecomunicaciones, de alguna manera han favorecido a ciertos sectores y dejado en condición desfavorable a otros importantes actores de la sociedad civil costarricense.

Entre los cambios que se proponen, Cambronero resaltó la intención de evitar la perpetuidad de las concesiones -que actualmente se renuevan de forma automática- y actualizar los montos que pagan los concesionarios al Estado, sumas que considera “risibles” para la utilización del espectro en términos de radiodifusión sonora y televisiva.

“Se requiere de una armonización y modernización del marco jurídico y de ahí la iniciativa que presentamos a la sociedad costarricense”, puntualizó.

Los diputados que respaldan esta propuesta de ley hacen énfasis en que el espectro radioeléctrico es un bien demanial del Estado, esto es, que pertenece a todos los costarricenses, y de ahí la importancia de una correcta legislación que lo ordene y regule.

Asimisimo, afirman que las propuestas contempladas en el proyecto de ley están basadas en experiencias internacionales de países con fuertes economías de mercado, tales como Inglaterra, México y Chile.