Ayer se presentaron de manera oficial los proyectos de “Ley de libertad de expresión y prensa” y “Ley de acceso a la información pública”, con los cuales el gobierno de la República busca colocar al país en el primer nivel de los estándares de “gobierno abierto”.

También se firmaron sendos decretos: “Transparencia y acceso a la información pública en el Estado y sus dependencias” y el de "Apertura de Datos Públicos”.

Tras la firma de los decretos y la presentación de los proyectos de ley, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo que a pesar del largo proceso y duro trabajo para llegar a la concreción de las propuestas, el camino recién comienza.

“Nada de lo que hicimos hoy tiene sentido si esto no se convierte en una nueva cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el país”, advirtió el mandatario.

Solís también abogó porque la sociedad costarricense se apodere de estos instrumentos y los convierta en realidad para que el esfuerzo no haya sido en vano.

Información al alcance

Consultado sobre la necesidad de emitir  dos decretos que emulan los alcances de los proyectos de ley, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, explicó que con los decretos se busca poner a disposición de los ciudadanos un instrumento de aplicación inmediata.

De igual forma, aún cuando exista la posibilidad de aplicación mediante decreto, los proyectos de ley llegarían a “blindar” las reformas, que ya no estarían sujetas a cambios futuros, o al menos no de una forma tan fácil como la modificación o elimación de un decreto.

El presidente del Colegio de Periodistas (Colper), Martín Chinchilla, aprovechó la ocasión para conversar de forma breve con el mandatario Solís, y expresarle su satisfacción con estas acciones del gobierno.

Chinchilla coincidió con Solís con la necesidad de que se evidencie una cultura real de transparencia de las instituciones públicas y el Gobierno. “La efectiva rendición de cuentas y el respeto al derecho ciudadano a la información pública son fundamentales, tanto para el ejercicio profesional de los y las comunicadoras, a quienes como Colper representamos, como para fortalecer las libertades de expresión y prensa”, manifestó el representante del Colper.
 
En el proyecto de “Ley de acceso a la información pública” se establece, entre otras cosas, el deber de toda autoridad pública de contar con un sitio para divulgar la información de su gestión en formato abierto y accesible.

Asimismo, un proceso administrativo que permita resolver las solicitudes de acceso a información por parte de ciudadanos, de una manera expedita.

Sobre este proyecto de ley la Junta Directiva del Colegio de Periodistas emitió una serie de observaciones que se espera, hayan sido tomadas en cuenta en el documento final que será presentado ante el Congreso.

En cuanto al proyecto de ley de libertad de expresión y prensa un punto esencial es la despenalización de acusaciones por delitos contra el honor, cuando estas respondan a denuncias de interés público.

Además, reduce a un año el periodo de prescripción de  presuntos delitos contra el honor y amplía el periodo de respuesta de una querella que tienen las personas acusadas por estas causas.

Para el gobierno del presidente Solís estos proyectos “armonizan la legislación nacional con avances en doctrina y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Una vez publicados los decretos las instituciones tienen un plazo de 90 días para publicar la información mínima en su sitio web oficial y la Presidencia llevará un control público del avance en la página gobiernoabierto.go.cr.