A poco más de dos años del apagón analógico Costa Rica aún carece de políticas públicas integrales que definan cuáles son las prioridades en materia de Televisión Digital Terrestre (TDT).

Así lo establece una investigación del 2014 realizada por el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic).

El apagón analógico es el momento fijado por el Estado para que cesen las transmisiones analógicas de televisión abierta y en su lugar se utilice el sistema digital.

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En el capítulo “La política de implementación de la TV Digital en Costa Rica”, la investigadora Giselle Boza Solano señala que hasta ahora lo que existe es una serie de reglamentos para regular áreas específicas del proceso, pero sin tener un referente sobre el modelo de televisión digital al que aspiramos como sociedad democrática.

Boza, quien también es coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi), apunta que el conjunto de objetivos establecidos por reglamento para la TDT no cuenta con metas cuantificables para avanzar.

Algunas de la metas propuestas es la de procurarle a los televidentes acceso a una mayor variedad y calidad de contenidos, nuevos servicios y un mejor uso del espectro radioeléctrico. 

Sobre este último punto el estudio advierte que el proceso de migración a la televisión digital en Costa Rica, de no darse una reforma, contaría con un marco normativo obsoleto (La ley de radio de 1954) “que ha propiciado un desorden en el uso del espectro radioeléctrico y la consolidación de un modelo esencialmente comercial”.

Legislación obsoleta

German Vargas, director ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart),  coincide con el estudio del Prosic y se mostró escéptico sobre la posibilidad de que se dé el apagón analógico sin una ley que regule la televisión digital.

“Tenemos una ley de 1954 que no regula ni la FM (Frecuencia modulada), porque en ese momento no existía, y con esa ley estamos tratando de pasar a la televisión digital. Esa, se los confieso, es mi preocupación más grande”, dijo Vargas en una jornada organizada por  el Prosic en octubre pasado.

El jerarca del Sinart alertó que de hacerse así (en el marco de la ley de radio1954) habrá una gran cantidad de procesos administrativos y una judicialización de todo el proceso de recanalización y reasignación de las frecuencias y de los títulos habilitantes.

Asimismo, el estudio de Boza determinó que “el Estado Costarricense no ha planteado estas innovaciones como mecanismos para lograr un mejoramiento, no solo en la calidad de vida de los costarricenses, sino también una democratización de los procesos comunicativos”.

En esta investigación participaron también el profesor Óscar Salas y las estudiantes Silvia Carvajal y Jazmín Aikman.

Via reglamento

Sobre la necesidad o no de una ley que regule la TDT el viceministro de Telecomunicaciones, Emilio Arias, recalcó la vigencia del Reglamento para la Transición a la Televisión Digital en Costa Rica (Decreto N° 36774) y consignó “que siendo este un proceso técnico, no requiere de la aprobación de una ley”.

Añade que para el cumplimiento de los procesos y etapas previas al apagón analógico se ha contado con el apoyo de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), como experto internacional, organismo que incluso colabora con la definición de la ruta crítica, dentro de la cual no existe como requerimiento la existencia de una ley. 
 
Más aún, para el Micitt una ley podría incluso resultar contraproducente.  “(…) la inclusión de disposiciones que después requieran de modificaciones mediante ley, no son flexibles en la práctica (…) a sabiendas que conforme se den cambios tecnológicos habrá que recurrir a la Asamblea Legislativa para modificar los aspectos que se requieran”, argumentó Arias.

La investigadora Larissa Coto Valldeperas, quien tuvo a su cargo el capítulo sobre aplicaciones interactivas para la TDT en el estudio del Prosic, aunque sí ve necesaria una ley no considera oportuno esperar a que esté lista para arrancar con el proceso de encendido digital.

“El apagón analógico sí tiene una fecha definida (diciembre del 2017), pero el encendido digital va a llevar años desarrollándose y no veo prudente tener que esperar la existencia de una nueva ley”.

Coto apuesta más a una aceleración del proceso de formulación de una legislación moderna, a respetar la reglamentación existente y que esta se vaya adecuando según avance el proceso.

Para German Vargas el mandato de la Controlaría de revisar el régimen actual de concesiones, el estado de las frecuencias y actualizar el pago y destino del canon por su utilización se queda corto ante la legislación que exige la televisión digital.

Criticó también que toda la discusión de la televisión digital haya estado marcada desde una visión de la televisión comercial y no del servicio público.

“Hay un grupo empresarial que está deseando que se mantenga el statu quo, que continúen las transmisiones analógicas y que el que pueda pasarse a digital que se pase y sin regulación, tal y como lo tenemos ahora”, denunció.