Burocracia mantiene en zozobra a más de 200 familias
Jennifer Fernández y Rita Valverde* | Jueves 14 de Enero, 2016
Diciembre era el mes límite para que las 240 familias que aún habitan el Triángulo de la Solidaridad, precario ubicado en Tibás, estuvieran ya ocupando sus nuevas casas.
No obstante, las instituciones encargadas no han logrado culminar con éxito esta primera parte de la reubicación, una condición necesaria para dar inicio con las obras de construcción de la carretera de circunvalación norte.
Casi dos años después del inicio del proceso para el traslado del precario por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), los habitantes del precario siguen siendo víctimas de los desacuerdos e insuficiencia de las instituciones a cargo del proyecto. El principal retraso corresponde al vencimiento de los expedientes para la asignación de viviendas.
Las familias debían presentar al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) algunos documentos legales; entre ellos, constancias de matrimonio, de trabajo, seguro social y cédula de residencia.
Como paso siguiente correspondía esperar a que los proyectos estuvieran listos para llevar a cabo el traslado. Sin embargo, el Banhvi anunció que los documentos presentados por las familias ya se encuentran vencidos y ahora deberán presentarse nuevamente para seguir adelante con los proyectos.
Esta información fue comunicada a las familias a menos de un mes de la fecha prevista para el inicio de la construcción de la carretera. “El atraso se ha debido más que todo a los trámites que están en el Banhvi, no es posible que después de tanto tiempo la directora del Fondo de Subsidios para la Vivienda, la señora Marta Camacho, diga que los expedientes están vencidos. ¿Por qué esperaron a que se vencieran los documentos? ¿Por qué no les dieron agilidad si de verdad era una emergencia?”, comentó Ana Martínez, presidenta de la junta directiva conformada por los habitantes del Triángulo para coordinar los procesos de reubicación.
Se intentó conocer la versión de Camacho, pero Marianela Morales, del departamento de Comunicación del Banhvi, indicó que el vencimiento de los documentos no depende de ellos, sino del ente autorizado para la realización de los expedientes. La funcionaria agregó que ellos se limitan a comunicar que están vencidos, pues son los últimos en recibirlos.
Por su parte, Hellen Porras, del departamento de Comunicación del Mivha, afirma que se tendría que analizar cada caso de las familias a las que se les devolvieron los documentos, pues existen más de 20 entidades autorizadas.
Los atrasos contrastan con la declaratoria de emergencia que, sobre este caso, emitió la Sala Constitucional, y la orden de ponerle atención al traslado de las familias de esta comunidad.
Una fecha más
A principios del 2015 se logró el traslado de 25 familias que fueron reubicadas fuera del área de San José, por lo que se esperaba que el pasado diciembre las familias restantes lo harían sin contratiempo.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció que darán inicio este mes con las pruebas y estudio de suelo, pero las familias siguen ubicadas entre los espacios marcados por donde pasará la carretera.
“Los proyectos y las casas están asignadas. Se tiene un total de 164 familias con expedientes y trámites en las entidades encargadas. Además de que hay casas que están en proceso de compra, o bien en trámite de financiamiento para construcción” comentó la directora de Vivienda y Asentamientos Humanos del Mivah, Mariam Pérez.
Según explica Pérez, el proceso de traslado se desarrolla por partes, por medio de una división previamente establecida. Hay un total de 63 familias que están en la franja roja y que se clasifican en tres grandes grupos: 12 familias que salen a principio de enero, solo pendientes de trámites de casas que están construidas; 16 familias que están para trasladar a mediano plazo; 15 familias que estaban inciertas y seis familias más que se fueron para Nicaragua y no volverán.
Son ocho los hogares que debían ser asignados como traslado es de urgencia para la primera semana de enero.
Larga espera
Las fechas de reubicación siguen siendo inciertas para las familias del Triángulo. A Perla del Socorro Valladares, habitante del precario y pronta a ser trasladada, le preocupa la falta de certidumbres.
En su casa viven siete personas, entre los cuales hay cuatro niños y tres adultos. Al igual que muchas personas que están en su misma situación, lo que más esperan en este momento es que logren darle su nueva casa.
“Son días difíciles por estar a la espera de si nos vamos. No sabemos en qué momento nos dice el gobierno que hay desalojo, que es el temor de todos nosotros, más que todo por mis hijos”, afirma Valladares.
Sin embargo, uno de los puntos más preocupantes para las familias son las fuentes de trabajo, ya que sus nuevos hogares estarán ubicados fuera del Gran Área Metropolitana, por lo que temen que las opciones laborales se reduzcan y no puedan hacerle frente a los gastos económicos.
Muchos de los padres han decidido matricular a sus hijos en las escuelas a las que asisten normalmente, hasta que el traslado sea definitivo.
Otra de las preocupaciones que vive esta vecina del Triángulo es cómo le hará frente al gasto que requiere la actualización de los documentos que solicita el Banhvi, ya que su capacidad económica se ha limitado ante las erogaciones del colegio de su hijo y problemas de salud en sus pies que le impiden trabajar.
Atados de manos
Según Mariam Pérez el trámite que está atrasando en este momento el proceso de la asignación de casas y traslado de familias es la actualización de los expedientes, los cuales ya se han ido venciendo.
“Normalmente, un documento que es sellado no tiene fecha de vencimiento; sin embargo, hay dos entregables que aunque estén sellados deben de tener fecha de caducidad”, indicó.
Uno de ellos es la carta o certificación de ingresos, ya que puede que la persona que entrega el documento pierda su empleo, o bien que algún otro integrante de la familia empiece a trabajar. “Entonces la certificación de ingreso y, por ende, el carné del seguro si tienen tiempo de vencimiento”, afirmó la directora.
Otros problemas que han afectado el proceso son la disputa por el costo de la tierra entre la entidad, el Banhvi y el desarrollador del proyecto, problemas estructurales en el terreno, falta de permisos municipales, electricidad o de agua; entre otros. Los atrasos pueden ser incluso de meses, lo que provoca que los documentos ya entregados pierdan su vigencia.
Pérez comentó que no hay manera de solucionar la situación a través de la modificación del orden de los procesos, como primero seleccionar las casas y posteriormente asignar la familia, por ejemplo, ya que la manera en que se financian las primeras son a través del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Para utilizar el financiamiento de este fondo, se requiere que haya una familia asignada que califique y justifique el giro del dinero. El Mivah buscó alternativas para reubicar en casas temporales al menos a las familias que se encuentran establecidas en la franja roja, área de mayor urgencia para el traslado.
No obstante, dicho proyecto no se ha logrado iniciar debido a la falta de terrenos para colocar las viviendas y el poco apoyo de las municipalidades.
Debido a que no es permitida la publicación de los posibles municipios donde se albergarían estas casas temporales, no fue posible obtener las declaraciones de los alcaldes respectivos.
El peor enemigo
Para los pobladores del Triángulo existe un problema más, calificado por ellos como “el peor enemigo”: el rechazo y la discriminación. En muchas de las zonas en las que se ha valorado la opción de trasladar a estas familias, tanto las municipalidades como los vecinos, se han manifestado y han alzado la voz en contra de que las personas del precario se integren a su comunidad.
Comunidades como Desamparados, Escazú y Pavas se han lanzado a las calles, han presentado recursos de amparo y recolectado firmas para evitar estas reubicaciones en sus municipios.
Aunque se buscaron las declaraciones de los alcaldes de los cantones de Moravia, Desamparados, Pavas y Escazú, ninguno de ellos quiso referirse al tema.
En una nota publicada el 23 de enero del 2015 por el periódico La Nación, se mencionó que, debido a estas manifestaciones, el gobierno decidió omitir los lugares de reubicación y colocar menos de 20 familias por distrito, con el fin de no alterar las comunidades y que las familias no fueran rechazadas en sus nuevos hogares.
Para los integrantes del Triángulo no es fácil lidiar con el rechazo. Aducen que niños, jóvenes y adultos son víctimas de xenofobia.
“En la escuela una maestra le dijo a los niños: levanten la mano todos los que son costarricenses, así que todos levantaron sus manitas, pero la maestra le dijo a uno de ellos: ustedes no son costarricenses, ustedes son nicaragüenses porque su mamá y papá son nicas, y al chiquito se le soltaron las lágrimas. Mientras me contaba me dijo: doña Ana, esa maestra es mala, yo no quiero volver a la escuela”, comentó Martínez.
Ellos describen que el ser rechazado representa una situación de su diario vivir y que a pesar de eso no se acostumbran a ello. Esperan que en algún momento sean catalogados como costarricenses pues lo son al nacer en el país.
Para Mariam Pérez, el panorama es tan incierto para ellos como para las familias del Triángulo. Al consultarle qué pasaría si no logran reubicar a estas personas antes de que se deban iniciar las pruebas de suelo para la construcción de la circunvalación norte, su respuesta evidencia el punto muerto al que ha llegado la situación.
La funcionaria afirma no tener la menor idea de qué pasaría, ya que las familias debieron haber sido trasladadas desde hace muchos meses.
“Todo ha sido pospuesto a medida que nos hemos visto contra la pared, y si usted lo que me está planteando es que lleguemos a estar contra la pared nuevamente, yo puedo decir que es muy probable que nos suceda”.
*Estudiantes de periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.







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