• Desde la cosmopolita y elegante Bogotá, cuna de maestros del periodismo hasta el puerto de Guayaquil, Ecuador, semillero de intelectuales de la comunicación y las remotas y exuberantes comunidades indígenas de Guatemala, brotan amenazas a la libertad de expresión y prensa que como cizaña se esparcen a lo largo del continente, cortadas a la hoz de la justicia.

 

El ejercicio periodístico se fundamenta en esa apertura justa, amplia y sin restricciones de la libertad de pensamiento y expresión, para así garantizar información plural, diversa, inclusiva e idónea a sus audiencias.

Esa garantía recae en el Derecho que no es otra cosa que la facultad de exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en favor de las libertades, obligando a quienes amenacen irrespetarlas al acatamiento, inclusive si es necesario la coacción, por medio de la violencia o fuerza, para que la justicia y la razón que consagran los principios y normas de los sistemas democráticos, ajusten las relaciones humanas en nuestras sociedades.

La jerarquía de esos principios y normas se establecen por pirámide, llamada de Kelsen, en cuya parte superior está la Constitución Política, posteriormente las leyes, los decretos, las resoluciones supremas, ministeriales y administrativas, y, por último, las ordenanzas municipales; pero sobre todas ellas se elevan los Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por los países.

En nuestro continente Americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se encarga de hacer cumplir esos Convenios Internacionales, emitiendo sentencias que deben acatar obligatoriamente el país que las irrespete, y de igual forma todos los demás estados miembros, conforme a lo estipulado en la Convención Americana o Pacto de San José. 

Tres resoluciones, a finales del 2021, de la Corte IDH se han convertido en hitos en defensa de la preciada libertad de expresión y prensa.

Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs Guatemala

Por años, las radios Ixchel y Uqul Tinamit La Voz del Pueblo habían informado a sus comunidades indígenas maya, kaqchikel, achí y mam, residentes en los municipios de Sumpango, Cajolá, Todos Santos Cuchumatán y San Miguel Chicaj, ubicados al norte y oeste de Guatemala, convirtiéndose en fuentes de información veraz e influyentes generadores de opinión en sus pobladores.

Entre el 2006 y 2012, varias resoluciones de tribunales penales guatemaltecos ordenaron el allanamiento y secuestro de los equipos de estas radios comunitarias, porque no cumplían con la misma regulación que se estipulaba para las emisoras comerciales de ese país.

Las sentencias en los juzgados chapines dictaron encarcelamiento para algunos directores de radios comunitarias. El 22 de setiembre del 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, se ordenó la detención de la periodista Anastasia Mejía Triquiz, directora de la emisora Xol Abaj Radio y de Xol Abaj TV, quien tan solo dos meses antes había informado de supuestos favoritismos en la entrega de ayudas económicas para paliar los efectos de la pandemia por parte del alcalde Francisco Carrascosa.

La comunicadora fue detenida por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Joyabaj, Quiché y posteriormente encarcelada en el Centro Preventivo para Mujeres del departamento de Quetzaltenango, acusada de los delitos de sedición, atentado con agravaciones por incendio y robo agravado; luego de 36 días en prisión, la periodista fue liberada.

El 17 de diciembre del 2021, la Corte IDH comunicó la sentencia en favor de las radios comunitarias indígenas, entre las medidas de reparación más importantes ordenaba la operación de las emisoras radiofónicas a las comunidades indígenas, además que se adecuará la normativa interna para reconocer las radios comunitarias, en especial a las emisoras indígenas, reglamentando un procedimiento sencillo para la obtención de sus licencias y se concediera parte del espectro radioeléctrico para esos medios que no tienen las ventajas ni los recursos de los medios comerciales, para pagar cánones y licencias.

En 2021, la periodista Anastasia Mejía Triquiz recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa.

 

Juan José Arce Vargas
Periodista
Exsecretario General

Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica
[email protected]