Nuestro país concluyó el pasado 1 de abril un nuevo proceso electoral. Este ejercicio que los costarricenses efectuamos cada cuatrienio se realizó con total apego a los valores de nuestro sistema democrático, y permitió la elección del nuevo mandatario para el período 2018-2022.

 

Por tercera vez hubo necesidad de una segunda ronda, situación que se produjo en el año 2005, luego en el 2014 y ahora nuevamente. Contrario a lo que podría imaginarse, toda vez que sucedió en la primera oportunidad, en las dos siguientes el número de participantes se elevó en el balotaje. 

 

Aunque suene a verdad de Perogrullo los ciudadanos de nuestra nación, hace ya varias décadas, más concretamente desde la fundación de la Segunda República, hemos considerado el proceso de elección de nuestras principales autoridades, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, un ejercicio confiable y alejado de toda manipulación y mancha.

 

Durante casi cinco décadas de ejercer el periodismo en repetidas oportunidades me ha correspondido la cobertura de las elecciones nacionales, lo que me permite asegurar  que tanto en la Meseta Central como en las provincias costeras y el interior del país, la fiesta cívica en la que se transforma esta cita es un homenaje a quienes lucharon por la pureza del sufragio y el respeto a la voluntad popular.

 

En el último proceso electoral tuve una experiencia excepcional, ya que me correspondió acompañar a mi esposa a una sencilla, pero no por ello menos importante, ceremonia realizada en las instalaciones de la Guardia Civil en Ciudad Colón, cantón de Mora. 

 

En la actividad los integrantes de la Junta Cantonal Receptora de Votos, recibieron en dos oportunidades de manos del personal del Tribunal Supremo de Elecciones el material correspondiente a los comicios. 

 

Verdaderamente me emocioné en esa entrega de documentos tan valiosos dentro de la vida democrática nacional. Los miembros de la Junta, ciudadanos de diferentes partidos y con visiones diversas sobre la realidad costarricense, estaban allí, fraternalmente, con respeto por sus iguales,  asumiendo la gran tarea de proteger y responder por la transparencia del proceso que concluiría con la elección del nuevo mandatario.

Nada de estridencias, temores ni despliegue policial. Las llamadas “tulas” fueron depositadas listas para el proceso en este cantón en el oeste de la capital. 

 

Posteriormente, previo al control de entrega y recibo, toda esta documentación fue, ahora sí, de los miembros de las mesas de votación, donde en un sistema que me atrevería a calificar de único, los ciudadanos asumen plenamente la responsabilidad de cuidar y responder por las papeletas donde se  reflejará el veredicto de los costarricenses. 

 

 Ese proceso donde se traslada a  hombres y mujeres, en su mayoría voluntarios, el peso de la más importante decisión de carácter político, sin duda,  marca una impronta cívica a nivel nacional.  

 

Ante este hermoso hecho, repito,  lleno de  sencillez y de emociones, no pude evitar evocar  momentos que tocan directamente la construcción del sistema que actualmente vivimos y que sirve de ejemplo internacional en materia electoral.

 

Vinieron a la memoria costarricenses como: Rogelio Fernández Güell, muerto en su lucha contra la tiranía de los Tinoco en 1918; así como los nombres de Timoleón Morera, Alberto Guzmán, José Mercedes Rivera e Ignacio Guzmán, ciudadanos que en 1944 pagaron con su vida la defensa y el respeto al voto en Alajuela y Llano Grande. Lo mismo que la decisión del expresidente José Figueres Ferrer de evitar la burla del triunfo electoral de Otilio Ulate Blanco en 1948. 

 

Finalizado el último proceso electoral conviene también destacar el trabajo que en el mismo efectúan miles de voluntarios en todo el país como integrantes de las juntas cantonales, receptoras de votos y del Cuerpo de Delegados. En ellos reside en gran parte la transparencia de los resultados de un torneo que cada cuatro años nos convoca el sistema electoral vigente. 

 

Es gracias a su conciencia cívica que los hijos de esta nación confiamos en todo el proceso que desemboca en la elección presidencial, del Primer Poder de la República y alcaldes, entre otros. Hombres y mujeres; jóvenes, adultos y adultos mayores; jornaleros y profesionales; de la ciudad y la zona rural, todos, aportan su esfuerzo y responsabilidad para que nuestras elecciones tengan el respeto y acatamiento de los diversos actores que participan en las mismas. 

 

Los ciudadanos que cada cuatro años participan en el proceso electoral son la mejor garantía que la voluntad popular será respetada. De allí, que es indispensable que las autoridades correspondientes mantengan y profundicen en programas que incentiven la conducta cívica de la presente y futuras generaciones. 

 

(*) Expresidente Colper