El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, que se llevó a cabo el jueves 31 de julio de 2025 en el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, organizado por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de  Costa Rica-COLPER, permitió a lideres de diversos sectores que expresaran su posición en torno al fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART y con ello darle su lugar a una comunicación pública solida e independiente.

En dicho espacio de diálogo, reflexión crítica y visión propositiva, la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Máster Angie Cruickshank Lambert, abogada y consultora de la Organización de Estados Americanos-OEA, tuvo una acertada  participación, reconociendo la importancia de promover la discusión pública en un tema de tanta relevancia como lo es el fortalecimiento del SINART dentro del sistema de comunicación pública nacional, como instancia al servicio de todas y todos, y particularmente de las poblaciones vulnerables, en aras de la construcción de una ciudadanía informada.

Ante la campaña de desprestigio que ha rodeado al SINART en los últimos meses, la Defensora de los Habitantes indicó que el derecho de acceso a la información está amparado por el derecho fundamental a la libertad de expresión, dado, que el efectivo disfrute del acceso a la información fortalece la democracia y la gobernabilidad democrática, diferenciándolo de los modelos absolutistas -entre otras cosas- por el respeto de las libertades humana, el principio del interés público en el actuar estatal y la lucha contra la corrupción, lo que mejora la legitimidad de las instituciones y de los actores públicos. 

Para la Defensora de los Habitantes el proyecto de ley de reforma del SINART (Expediente No. 24.032-Proyecto de Ley Reforma de los artículos 7 inciso g y 19 inciso c y adición de artículo 19 bis de la Ley Orgánica del SINART N°8346), pretende modernizar y dar sostenibilidad financiera al SINART, mediante el establecimiento de nuevas herramientas tecnológicas y de financiamiento para enfrentar los cambios sociales que ha traído la globalización y las nuevas tecnologías. Por ello, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, se indicó que el mismo proyecto se alinea con los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible ODS 5 y 9, promoviendo el acceso a la información y la equidad de género en el ámbito político: “Recordemos que el ODS 5 refiere a la Igualdad de Género, incluyendo la meta 5.5 de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles. Y la meta 5.B: busca mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres”.  

De esta manera, Cruickshank señaló que el proyecto de ley establece que al menos un 3% de los fondos publicitarios estatales destinados a SINART deben usarse en la difusión de materiales y contenidos sobre violencia contra las mujeres en la política. Por ello, para la Defensoría de los Habitantes este es un paso importante para visibilizar y combatir la violencia de género en espacios políticos en el país. Y por su parte el ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura, en su Meta 9.1: define el desarrollar infraestructura sostenible y resilientes para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Y la Meta 9.C: busca aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones: “Se recomendó a las diputaciones evaluar y fortalecer las vinculaciones de los ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 17 (Alianzas para el Desarrollo), asegurando que el SINART además de recibir el financiamiento, cumpla con una función estratégica dentro del entorno de educación y comunicación para las personas habitantes”.

Angie Cruickshank Lambert enfatizó que, en el criterio emitido por la Defensoría, se identificaron desafíos en la estabilidad del presupuesto estatal, la eficiencia del gasto y la equidad en la competencia con otros medios de comunicación. La revisión de modelos internacionales de financiamiento permitió sugerir que una dependencia excesiva de la publicidad puede afectar la sostenibilidad a largo plazo, por lo que se recomendó evaluar alternativas como financiamiento directo o mixto. En este sentido, indicó que la inclusión de indicadores de desempeño y eficiencia del gasto permitiría asegurar que la inversión pública en el SINART sea transparente, efectiva y en beneficio directo de la ciudadanía. 

A partir del abordaje en Derechos Humanos expuestos por la Defensora de los Habitantes, especialmente en cuanto a poblaciones vulnerables, se evidenciò que desde la Defensoría se plantearon las siguientes recomendaciones con el fin de que las señoras y señores diputados las puedan tomar en consideración en el análisis del proyecto de ley en cuestión: 

1.- Asegurar que la inversión beneficie a las personas habitantes: Es importante tener en consideración que los contenidos creados por el SINART tengan acceso libre y gratuito para las personas habitantes, sean en formato digital y plataformas accesibles. Además, contar con un espacio de repositorio público donde se documenten los programas, campañas y contenidos financiados por la pauta estatal. 

2.- Crear indicadores de desempeño, evaluación y eficiencia del gasto: Es conveniente incluir en el proyecto de ley un apartado para realizar encuestas periódicas que midan la efectividad y receptividad de la información transmitida por el SINART, y si cumple con los objetivos de las instituciones públicas. Adicionalmente, se pueden establecer mecanismos de retroalimentación para que el SINART conozca las nuevas tendencias en el consumo del tipo de productos y servicios que genera, por parte de toda la ciudadanía. En este apartado, la Defensoría consideró que las y señores diputados pueden valorar incluir indicadores desempeño y eficiencia del gasto, con el fin de medir el impacto de la inversión publicitaria en el SINART, tales como el alcance de la audiencia sobre los contenidos, nivel de cumplimiento de los objetivos culturales y educativos, y otros.  Se trata de asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente. Además, establecer un marco de rendición de cuentas y mejora continua que respalda el financiamiento estatal a medios públicos, que permita luchar por la libertad de pensamiento y de expresión, asegurando la independencia como institución de servicio público al servicio de Costa Rica.

Si desea conocer más información sobre el discurso de la señora defensora puede verlo aqui.