La reciente comparecencia de la ex ministra de información Patricia Navarro Molina ante la comisión legislativa, el pasado 23 d octubre,  abre una vez el debate sobre el dilema entre lo que es democratizar la pauta estatal o ¿torcer el brazo de los periodistas?.

Como Vicepresidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva he  sido defensora de que más medios y colegas deben entrar legítimamente en la distribución de la  pauta estatal, pero ¿cómo explicar que una sola empresa sin ningún proceso licitatorio recibiera un contrato por $300.000?

Desde mayo pasado hemos insistido ante el Sistema Nacional de radio y Televisión en la necesidad de explicar el ABC de las reglas que se establecieron para los interesados en participar de la pauta estatal, sin embargo, tras varios intentos solo encontramos evasivas de parte de la presidencia del SINART.

Después de los últimas informaciones en la comisión legislativa que investiga el manejo de  la pauta estatal entendemos el por qué no se nos contestó.

Aún, no se nos explica, por qué un profesional colegiado  que ejerce de manera independiente deba cumplir con una patente comercial para optar por una pauta estatal cuando la misma Sala Constitucional aclara que los profesionales liberales no requieren de una patente comercial.

Entonces, no entendemos ¿por qué? se sigue pidiendo a los agremiados cumplir con el requisito para participar en la distribución de la publicidad del estado.

¿Será un filtro para excluirlos?

Volvamos a nuestro tema inicial democratizar la pauta estatal o ¿torcer el brazo de los periodistas?  la diferencia entre ambas acciones se da cuando los criterios de selección y participación, son técnicos, y no políticos y cuando se establecen parámetros de eficiencia y eficacia y se respetan los principios de racionalidad y proporcionalidad en la administración y distribución de los recursos estales.

En una sociedad democrática los ciudadanos deben y tienen derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el estado. Cuando se utiliza el poder y los recursos de la hacienda pública y se asigna de manera arbitraria y discriminatoria la publicidad oficial con el objetivo de presionar, castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores o medios de comunicación, esto aquí y en cualquier país democrático, es una obstrucción indirecta a la libertad de expresión.

Por eso no descansaremos en defender a nuestros agremiados del derecho legítimo a participar en la distribución de la pauta estatal y exigir se aplique la trasparencia, la igualdad de posibilidades en el acceso a la publicidad, la no discriminación de aquellos que sean críticos de la labor del gobierno e insistimos en la necesidad del controlar a quienes deciden colocar la publicidad que se compra con dinero público.

Los países democráticos se caracterizan por la presencia de medios de comunicación diversos, plurales, libres y con independencia editorial que informen sin temor a represalias, procurando el derecho a todas las personas a informarse.

“Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz 2001.