Estoy consciente de que, en un Estado de Derecho, debemos acatar las disposiciones de los órganos jurisdiccionales, como es la Sala Constitucional.

No obstante, como periodista y como estudiante de Derecho, no puedo sino cuestionarme sobre la desacertada decisión de ese instituto jurídico en relación con la colegiatura obligatoria y sobre el papel que cumplen los periodistas en la sociedad.

Con todo respeto, considero que hay una confusión de conceptos, pues si bien es cierto existe un derecho humano fundamental y básico a la información y a la libre expresión, también los hay en otros campos a los cuales, esos sí, el mismo ordenamiento jurídico ha identificado quiénes son sus depositarios y quiénes deben de velar por su cumplimento y sano ejercicio.

Me explico: sé que existe un derecho fundamental a la legítima defensa, consignado incluso como principio constitucional; sin embargo, eso no le da derecho a todos a ejercer la defensa material en un juzgado, ni la propia, ni la de tercero, sin que ello signifique una violación a ese derecho.

Contrario sensu, la garantía jurisdiccional de que exista la figura del defensor, el llamado patrocinio de letrado, fortalece el cumplimiento de dicho derecho constitucional cuando se le encarga al abogado de profesión, debidamente incorporado y al día en sus obligaciones con el colegio respectivo, asumir ese rol de garante.

Igual sucede con el derecho a un juicio justo, que se garantiza constitucionalmente, incluso, con el principio del juez natural, que encomienda a tribunales preconstituidos y no especiales para que juzguen a los ciudadanos.

Sería extraño que, ante la mínima duda, el patrocinio del letrado o el tribunal competente sean sustituidos por cualquiera que sienta vulnerado alguno de aquellos derechos, ninguno de menor categoría o rango que el de Información y Libre Expresión.

Y la lista sería tan larga como derechos humanos existe: los médicos, como garantes del derecho a la Salud; los educadores como garantes del derecho a la Educación, los policías, como garantes del derecho a la Seguridad, etcétera.

En efecto, el derecho a la Información y a la Libre Expresión es de todos, pero no todos pueden ser garantes y letrados de los mismos.

De hecho, ese parece haber sido el objetivo de los constituyentes al declarar, en el último párrafo del artículo 46 de nuestra Carta Magna que “los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz”, colocando el Derecho a la Información en el mismo nivel de resguardo que los demás, y obligando al Estado a garantizar su adecuado ejercicio mediante la regulación de la ley.

Es más que evidente que, lo contrario sería el caos, como lo habría si la salud, la seguridad, la educación, y la justicia estuvieran en manos de todos.

Es un asunto de orden social, que, por lo visto, ha quedado de lado en la visión simplista de los magistrados constitucionales, y que merece el reparo inmediato, antes de que el daño sea demasiado grande.