A raíz de los reclamos interpuestos por dos personas que -violando la Ley 4420- desean trabajar como periodistas sin tener los atestados para hacerlo, un comunicado de la Sala Constitucional, emitido hace algunos días y reproducido por algunos medios de comunicación, informó que en Costa Rica “el título universitario no es requisito para ejercer el periodismo”. ¿Habrase visto aberración semejante?

A esta conclusión llegaron los magistrados Fernando Castillo, Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya García y los suplentes Marta Esquivel, Mauricio Chacón y Ana María Picado.

Vergüenza debería darles a dichos “letrados” ignorar la ley que regula el ejercicio profesional en nuestro país, el aporte fundamental de las universidades al desarrollo nacional y la responsabilidad implícita en el manejo de la información, para que ésta llegue al ciudadano de la manera más ética y veraz posible.

Cuando la Escuela de Periodismo de la Universidad de Costa Rica se creó en 1968, su finalidad fue precisamente apuntalar la labor periodística,  brindándole herramientas a quienes desempeñaban ese trabajo, para que pudiesen ejecutarlo apegados a la ética y a técnicas indispensables en la recolección, verificación y elaboración de las noticias, de manera que no hubiese manipulación informativa y se protegiera a la ciudadanía -que recibe esos datos- garantizándoles su veracidad, respeto y confiabilidad.

Un año después -en 1969- se creó el Colegio de Periodistas de Costa Rica, que al igual que los otros colegios profesionales que existen en nuestra nación, según mandato constitucional, debe velar porque el ejercicio profesional se apegue a los requisitos establecidos, para garantizarle a los costarricenses que su derecho a la información está siendo protegido.

Ni una ni otra institución atentan contra la libre expresión del pensamiento, pues todos tenemos el derecho de decir lo que deseemos, bajo nuestra propia responsabilidad. Muestra de ello son los insultos o las aseveraciones vulgares y fuera de tono que se reproducen por redes sociales, teléfonos, correos, etc. No hay límites a la expresión…sea esta constructiva o deplorable. E incluso las noticias falsas o “fake news”, que muchos oportunistas difunden, están a la orden del día a nivel mundial, creando confusión y caos donde quiera que se emiten.

El Periodismo es una ciencia social. Así lo reconocemos quienes hemos tenido el privilegio de estudiarlo a lo largo de varios años, de ejercerlo activamente y de impartirlo en distintos centros de educación superior, para contribuir con la información y formación ciudadana. “La verdad os hará libres”. La frase bíblica, siempre vigente, nos alumbra el camino.

¿Y ahora la Sala IV nos dice en un simple comunicado que nuestro título universitario no sirve? ¿Que no existirá diferencia alguna entre quienes ejercemos legal y profesionalmente el periodismo y cualquier sujeto que, de manera malintencionada, inexperta o prejuiciosa, desee abrir un medio de comunicación, hacerse llamar periodista y expandir una ola de mentiras a diestra y siniestra? Y nuestros derechos, ¿dónde están? ¿Y los derechos de los habitantes, quién los va a tutelar? Y el sistema democrático, sus leyes e instituciones, ¿en qué precaria situación quedarán?

En materia de fortalecimiento del quehacer de la prensa, nos están enviado prácticamente a la época de las cavernas. Y nuestra sociedad se verá profundamente herida y afectada.

Lejos de proteger y respetar el Estado de Derecho -aunque sí está protegiendo los intereses de dos individuos- la Sala IV está retrocediendo; sus sentencias 2019-15038 y 2019-15039 están promoviendo el cierre de las escuelas de periodismo y la proliferación de personas sin formación académica especializada que -por unos pocos pesos- tergiversen declaraciones ajenas, difundan noticias parcializadas e incluso falsas y manoseen los datos que emanen de distintas fuentes, sean estas confiables o no.

No me gusta especular, pues mi formación académica y moral me lo impiden. Pero la intuición desarrollada a lo largo de una vida dedicada al periodismo, me indica que la intencionalidad detrás de este tipo de precipitadas acciones no es correcta ni clara.