La mañana del 31 de mayo de 1984, llegamos a la redacción del periódico La Nación compungidos, con la mirada baja y sin entender todavía la noticia de lo ocurrido la noche anterior: nos enterábamos de un atentado terrorista contra la prensa nacional e internacional en La Penca, cerca de la frontera norte de Costa Rica, pero en territorio nicaragüense.

Esperábamos instrucciones de nuestro jefe de redacción sobre lo que debía hacer cada periodista en la cobertura de aquella tragedia que enlutó a la prensa nacional e internacional. 

La zozobra era terrible.  Dos compañeros de trabajo habían sido víctimas de aquel atentado cruel, también había otros colegas y compañeros de universidad y de otros medios de comunicación colectiva.

Las noticias llegaban a cuentagotas y nos tocaba escribir y documentar aquella tragedia y preparar, con un gran nudo en la garganta y con muchas lágrimas, una edición extraordinaria de aquella atrocidad.  Conforme pasaban las horas, la angustia crecía porque llegaban informes del estado de nuestros compañeros Edgar Fonseca y José Antonio Venegas.

Se nos crispó la piel cuando nos enteramos que periodistas y asistentes murieron en el sitio y otros colegas, amigos y compañeros como José Rodolfo Ibarra, Gilberto López, Juan Carlos Ulate, Miguel Sánchez, Carlos Vargas, William Céspedes, estaban herido y habían sido trasladados a los hospitales San Carlos y México.

La salud de todos nos inquietaba, sin embargo, una de las mayores preocupaciones era el estado de salud del colega, compañero y amigo Nelson Murillo Murillo. Todas las informaciones que fueron agregándose conforme transcurrían las horas eran terribles: su estado era muy delicado y había sido trasladado en categoría roja al Hospital México, ese 31 de mayo en horas de la tarde.

La angustia no cesó, más bien se incrementó al conocer, horas después, los partes médicos que revelaban la gravedad del colega. No sabíamos si aquel joven, de apenas 24 años, que daba sus primeros pasos en el periodismo nacional iba a sobrevivir:  el pronóstico era muy reservado, decían los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital capitalino. Transcurrieron las horas, los días, las semanas y Nelson permanecía allí, en la UCI: quemado, fracturado y con esquirlas por doquier.

La angustia era incesante.  Bastaron tres meses de internamiento,  32 cirugías, cientos de curaciones, consultas con diferentes especialistas, un verdadero periplo por diferentes hospitales: San Carlos, San Rafael de Alajuela, México, Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), Clínica Oftalmológica y, el entonces, Albergue del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Nelson sobrevivió para recordar y caminar en busca de justicia por aquel atentado cruel que le cambió la vida de la noche a la mañana.  Sus aspiraciones como ser humano, hijo y profesional quedaron en sus sueños para emprender una lucha por su salud primero y por la búsqueda de justicia después.

Este 30 de mayo, cuando conmemoramos el 40 aniversario de aquel atentado, tanto él como Edgar Fonseca, José Antonio Venegas, José Rodolfo Ibarra, y Gilberto Lópes todavía siguen preguntándose por qué tanta impunidad frente a un hecho donde hubo abundancia de pruebas.

La Penca nos inspira a continuar, de una manera renovada, a trabajar en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y en la búsqueda de una garantía para entender que el periodismo es una profesión de altísimo riesgo como lo afirma Self Investigation y eso lo debe entender el Estado.

La Penca nos recuerda la fragilidad de la democracia y la necesidad de permanecer vigilantes ante cualquier amenaza de los valores fundamentales que nos protegen como sociedad.

También nos debe servir como un llamado a la acción para garantizar que crímenes atroces como estos no queden impunes y que se haga justicia para las víctimas y sus familiares.  Mientras la memoria de La Penca siga viva, las preguntas sobre lo ocurrido aquella fatídica noche del 30 de mayo de 1984 siguen abiertas para que este oscuro capítulo del periodismo nacional no sea olvidado ni por el Estado ni por la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).