Wikipedia define al periodismo como una profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la obtención, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de los medios de comunicación.

Y agrega que es el “Conjunto de estudios o conocimientos necesarios para obtener un título académico de periodista”.

Los estudios profesionales de la carrera de Periodismo se fundamentan en las ciencias de la comunicación y tienen como finalidad proporcionar conocimientos y técnicas para desarrollar habilidades que permitan desempeñarse como experto en materias relacionadas a los medios informativos y técnicas de la comunicación en general.

De tal forma que el periodista profesional es aquel que posee un título académico universitario. Desde esta perspectiva, afirmar que una persona es periodista sencillamente porque trabaja en un medio de comunicación no significa que es un periodista profesional.

El Artículo 23 de  la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas define que “Es periodista quien tiene por ocupación principal, regular o retribuida, el ejercicio de su profesión en una publicación diaria o periódica, en un medio noticioso radiodifundido o televisado, o en una agencia de noticias y que obtiene de ella los principales recursos para su subsistencia.”

Así lo entiendió la Procuraduría General de la República en su dictamen #269 del 20 de setiembre del 2004, al determinar que “el periodista profesional es exclusivamente el titular de un diploma que lo habilite para el ejercicio del periodismo. Consecuentemente, sólo puede presentarse como periodista profesional el que ostente un diploma académico”.

Sin embargo, en el año 1985, a instancias de una consulta hecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese organismo cuestionó la colegiatura obligatoria, primer golpe bajo al COLPER y posteriormente, hace algunos días, el 9 de agosto pasado, la Sala IV determina, ante una consulta de dos ciudadanos, y esto sí lo veo muy grave, que no es necesario poseer un título académico para ejercer la profesión, y llama la atención al COLPER por amenazar y denunciar ante los organismos competentes, a quienes no posean un título universitario que los acredite.

Y aquí viene el meollo del asunto: el Tribunal de la Sala IV advierte en sus dos sentencias que, basados en la resolución del 13 de noviembre de 1985, el periodista profesional es la persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Y se escuda para ello en el artículo 28 de la Constitución Política que establece que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones.

Y si buscamos una definición de libertad de expresión, otra vez en  Wikipedia encontramos que “la libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas”.

Existe, en consecuencia, una diferencia muy marcada entre lo que significa ser periodista profesional titulado y el ejercer el derecho a la libre expresión.

Por lo tanto, a la luz de las sentencias de la Sala Constitucional y de los dictámenes de la Procuraduría, podemos concluir lo siguiente:

1. Que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, según lo establece la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

2. Que la búsqueda y recepción de información y la posibilidad de informar en los medios de comunicación, son labores que ejercen los periodistas profesionales, pero que pueden ser ejercidas por personas que no sean periodistas según la Sala IV.

3. Que el periodista profesional es quien ostenta un título académico que lo acredita como tal,  y que existe el Colegio de Periodistas, legitimado, para exigirle a quien dice ser periodista profesional el título correspondiente.

Desde esta perspectiva, la decisión de la Sala IV podría marcar el inicio de un futuro incierto para el periodismo, donde serían los medios de comunicación quienes decidirían, a su antojo y según su conveniencia, quienes podrían laborar en ellos y quienes no.

Viéndolo así, mejor cerramos las escuelas de periodismo del país, que en principio tienen como misión la formación de profesionales para que laboren e los diversos medios de comunicación de la nación.

Y al Colegio de Periodistas de Costa Rica, creado en 1969 como es un ente público no estatal integrado por profesionales en comunicación (Publicistas, Periodistas, Relacionistas Públicos, Productores Audiovisuales y Diseñadores Publicitarios), lo convertimos entonces en un organismo que le preste solamente servicios de capacitación y actualización a los pocos agremiados que seguirían perteneciendo a este colegio, tras la resolución de la Sala IV.