La discusión pública acerca de la idoneidad de un diputado para ejercer como periodista profesional en ausencia de un título universitario que lo avale no debe convertirse en un asunto político, sino de legalidad. Este es tan solo uno de los casos en el país de personas que no estudiaron periodismo o no concluyeron sus estudios en esta carrera, y ejercen como periodistas y se hacen llamar periodistas, violando en algunos casos el Código Penal (Ley 9.155)

El criterio de la Procuraduría General de la República C-269-2004 advierte claramente que exigir un diploma no contraría la libertad profesional, en cuanto esta significa esencialmente el derecho de escoger una determinada profesión. De la jurisprudencia sobre este tema se extrae que para ejercer el periodismo en su vertiente de búsqueda de información y de transmisión no es necesario el diploma correspondiente, pero esto no significa que cualquier persona pueda alegar que es periodista profesional. El calificativo de profesional, a tenor de la ley, está reservado a quienes tienen la formación académica correspondiente. 

¿ES EL PERIODISMO UNA PROFESIONAL TITULADA?

En el extenso pronunciamiento se pregunta la Procuraduría ¿Es el periodismo una profesional titulada? La respuesta es sí. “El periodismo profesional implica la titularidad de una serie de conocimientos, de experiencias, de responsabilidades sociales, éticas, culturales, técnicas, etc., que garanticen la idoneidad y competencia profesionales… el reconocimiento del papel que desempeña la prensa y el periodista en el orden social y moral de la sociedad, su participación en la formación o deformación de la conciencia de la sociedad, la necesidad del análisis crítico y coherente de los diversos fenómenos con que se pueden enfrentar, del conocimiento de la realidad son elementos que conducen a la profesionalización del periodismo y su concepción como profesión titulada”.

Este pronunciamiento no contradice la resolución de la Sala Constitucional, voto 2313-95 que anula el artículo 22 de la Ley. Núm. 4420 del 22 setiembre de 1969, que obligaba la colegiatura de los periodistas para ejercer esta profesión. No confundamos la gimnasia con la magnesia. El exigir un título universitario para ocupar un puesto de periodista no impide a una persona el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Lo que hace es reforzar el concepto de “periodismo profesional” definido en el Artículo 2 de esta Ley como “los Licenciados y Bachilleres en Periodismo, graduados en la Universidad de Costa Rica [y otras universidades radicadas en el país] o en Universidades o instituciones equivalentes del extranjero”. Recordemos que la resolución de la Sala deja claro que la declaratoria de inconstitucionalidad no “hace relación a la profesión de periodista”, porque centra su decisión solo en la colegiatura obligatoria.

PERIODISTA PROFESIONAL

La posición de la Sala Constitucional no alcanza a lo relativo a la legitimidad de la existencia del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ni tampoco hace relación a la profesión de periodista, por no tratarse de aspectos que, a la luz de lo reglado por la Ley de la Jurisdicción Constitucional, hayan estado en lo impugnado o estuviera directa o indirectamente relacionados con lo decidido.

Desde esa perspectiva el periodista profesional es exclusivamente el titular de un diploma que lo habilite para el ejercicio del periodismo. Consecuentemente, solo puede presentarse como periodista profesional el que ostente un diploma académico; por lo que quienes ejerzan la función de periodista sin título no deberían presentarse como profesionales del periodismo.

Para el ejercicio de labores consideradas por la Sala como manifestación de la libertad de expresión, no es posible exigir la profesión titulada, lo cual es congruente con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Opinión Consultiva, N° OC-5-85 de 13 de noviembre de 1985, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Insistimos, no confundamos la gimnasia con la magnesia. 

Por lo tanto, y como conclusión, el ejercicio de la libertad de información en sus diversas vertientes corresponde a toda persona en el territorio nacional y para disfrutar de este derecho no puede ser impuesto el requisito de la profesión titulada. Sin embargo, en la medida en que el ordenamiento exija para determinados puestos la formación académica en el ámbito de las ciencias de la comunicación colectiva, dicho requisito debe ser respetado y el Colegio y cualquier persona tiene derecho a exigir de quien se presenta como “periodista profesional” las credenciales que demuestren la formación correspondiente.