Si tuviera acceso al Presidente -y el Presidente me escuchara- le diría que el consejo que gratuitamente le está dando el abogado y ex candidato presidencial Juan Diego Castro, no es para nada descabellado: Carlos Alvarado tiene las herramientas y la gente para que los diputados procedan a suspender, al menos por un par de meses, el proyecto  20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

También le diría que en ese lapso de tiempo, él personalmente debería atender las reuniones con representantes de los distintos sectores que adversan el plan fiscal. Por supuesto, le sugeriría que se haga acompañar no por su gabinete, sino por un grupo de economistas de probada experiencia y vocación social, quienes rápidamente podrían negociar medidas alternativas, para transformar -o si es del caso sustituir- los puntos más álgidos de la propuesta, como son por ejemplo los impuestos a la canasta básica o a las medicinas, por otros menos polémicos e incómodos para las clases trabajadoras.

Y por supuesto, durante esos dos meses, le recalcaría que lo lógico sería demandar el compromiso de los líderes sindicales, de suspender las protestas por el mismo período de tiempo y de atender puntualmente y con planteamientos concretos, todas y cada una de las citas.

Cuando un país vive la profunda crisis que está sufriendo el nuestro, que abarca desde lo económico hasta lo social y lo moral, quienes lo lideran desde la trinchera política están en la obligación de probarle a la ciudadanía, sus capacidades creativas, apertura, inteligencia y calidades. Dar la cara y sostener las riendas es la mejor forma de empezar.

Costa Rica posee –sin distingos de ningún tipo- gente sumamente capacitada, hábil y decente, que perfectamente podría esbozar un plan de contingencia creativo, realista y justo, el cual en un corto plazo, se tendría que implementar de forma sistemática y rigurosa, para ir corrigiendo todos y cada uno de los errores que en materia de recaudación, distribución de riqueza, aspectos relativos al ingreso y atención de poblaciones migrantes, salud, educación y sobre todo, mal uso de fondos públicos, se han venido acumulando a lo largo de décadas, hasta llegar al caos que tenemos hoy.

Y mientras los mencionados dos meses transcurren, vía decreto, el Presidente puede girarle las órdenes pertinentes a las instituciones públicas que conforman el Estado, para que enderecen sus finanzas, inviertan adecuadamente los fondos ociosos que todas poseen, eliminen las contrataciones externas, pongan a su personal a laborar y reduzcan efectivamente sus gastos superfluos.

Adicionalmente, le propondría al Presidente que dé un ejemplo de valentía ordenando el cobro inmediato, si es del caso por vía judicial expedita, de dineros adeudados por grandes empresas privadas que ignoran y acumulan sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, Hacienda y otras instancias.

Y finalmente, le instaría –para tranquilidad de los costarricenses, tan maltratados por la violencia callejera-  a mantener la necesaria vigilancia en ciudades y pueblos, tanto de la fuerza pública, como de la policía municipal y de los oficiales de tránsito, que por primera vez en muchos años, han estado tan visibles.

(*) Periodista, Carnet 417