Obviamente, la inmigración, es decir  la entrada de personas de un lugar a otro, beneficia a los empleados, consumidores y hasta la posición económica internacional de los países que reciben esta clase de emigrantes, pero nosotros los comunicadores no podemos decir lo mismo, pues ahora es moda ver a un médico dirigiendo un programa de televisión, pero no a un periodista al frente de una intervención quirúrgica.

No obstante que,  a partir de 1969  la Asamblea Legislativa de Costa Rica  mediante la Ley 4420, del 22 de setiembre,  en su  Artículo 1°dijo .- Créase el Colegio de Periodistas de Costa Rica, con asiento en la ciudad de San José, como una corporación integrada por los profesionales del periodismo, autorizados para ejercer su profesión dentro del país, y reformada el 8 de agosto de 1972 por ley 5050, eleva al periodismo como una profesión y estableció que para poder ejercerla había que tener título universitario y estar inscrito en el Colegio de Periodistas del Costa  Rica.

Lo que sucede hoy, de manera discriminatoria e inicua, es que el ejercicio de la profesión periodística no tiene ninguna protección de la ley, ni del estado, lo cual propicia que el ámbito profesional de miles de egresados de las universidades sea invadido constantemente por cualquiera.

Todo lo contrario ocurre con los abogados, ingenieros, médicos o arquitectos, por mencionar solo algunos, quienes sólo pueden ejercer su profesión si tienen título universitario y están inscritos en el colegio profesional respectivo.

¿Por qué se discrimina así a los periodistas y comunicadores?

Esta situación se presenta en nuestra “profesión”,  porque el Gobierno de Costa Rica mediante comunicación del 8 de julio de 1985, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la colegiación obligatoria de los periodistas y sobre la compatibilidad de la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica con las disposiciones de los mencionados artículos.

Según declaración expresa del Gobierno, esta solicitud de opinión fue formulada en cumplimiento de un compromiso adquirido con la Sociedad Interamericana de Prensa  (SIP).

Y el  13 de noviembre de 1985, LA CORTE ES DE OPINIÓN,

Primero. Por unanimidad, que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Segundo. Por unanimidad, que la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, objeto de la presente consulta, en cuanto impide a ciertas personas el pertenecer al Colegio de Periodistas y, por consiguiente, el uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse y transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el día 13 de noviembre de 1985.

Un panorama distinto

Ocurre, sin embargo, que el país ha cambiado en las últimas décadas y actualmente hay varias universidades que tienen facultades de Ciencias de la Comunicación, en las que centenares de jóvenes estudian cinco años con esfuerzo, y también con el sacrificio económico de sus padres, para que el estado los reconozca al final de sus estudios como periodistas profesionales.

Muchos de ellos hacen después cursos de post grado, como diplomados, licenciaturas, maestrías o doctorados en los que invierten sus ahorros personales o los de la familia. En total suman hasta ocho años de estudios superiores con el objeto de ser profesionales competitivos.

Lo frustrante e indignante para toda esa juventud es que, al final del camino, la mayoría de ellos se da de bruces con una realidad irracional y cruel que les dice de golpe: El periodismo no es una profesión, es solo un oficio.

Con justa razón, los golpeados se preguntan: ¿Y por qué entonces el estado me obligó a estudiar cinco años de universidad para recibirme de periodista profesional, si no me iba a reconocer como tal?

Resulta irónico, parece una burla, pero esto ocurre a pesar de que el título profesional que reciben los jóvenes egresados de las facultades de Ciencias de la Comunicación como periodistas o comunicadores profesionales es entregado por el propio estado, a nombre de la Nación.

Duele reconocerlo, pero es la verdad: Somos tratados como si fuésemos  profesionales de segunda categoría. Cualquier persona puede ejercer nuestra profesión sin necesidad de haberla estudiando, lo cual es injusto y enervante.

A partir del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la profesión periodística empezó a hundirse en la más completa informalidad, que devino en una degeneración extrema de su práctica. De esto pueden dar fe numerosos ciudadanos que son o han sido víctimas de vulgares chantajistas que usurpan el título noble de periodista o comunicador profesional.

Defender la profesión

Considero que ha llegado la hora de revertir esta situación y de volver a darle al periodismo el lugar que le corresponde como profesión, porque de lo contrario la sociedad y su representación política, el Estado, estarían estafando a miles de jóvenes estudiantes universitarios y a sus respectivas familias. El punto está en que la Corte, el gobierno de Costa Rica y algunos diputados  confundieron la libertad de expresión con el ejercicio de la Profesión Periodística, que son cosas distintas.

Todos los ciudadanos tiene el derecho de expresar libremente su pensamiento en los medios de comunicación social, pero esto no quiere decir que ello les faculte a ejercer la profesión periodística ya que ésta es una carrera universitaria reconocida y titulada por el estado a nombre de la Nación.

Por ejemplo, mis amigos politólogos, abogados, agrónomos, etc.,  expresan libremente sus ideas en la radio y la televisión, son brillantes referentes de opinión, pero no son periodistas profesionales porque no han sido formados en la universidad para hacer un diario o una revista, ni para producir un programa de radio o de televisión, hay dueños de canales que expresan su pensamiento, pero eso tampoco los hace periodistas, son empresarios.

A la inversa, hay veteranos reporteros judiciales que saben mucho de leyes penales y civiles, son duchos en procedimientos judiciales, pero no por ello pueden arrogarse la condición de abogados, ni tampoco pueden litigar en los tribunales como profesionales del Derecho.
Queda claro entonces que son cosas distintas la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión periodística. Cada cual tiene su espacio propio, y merecen igual protección por parte de la ley y del Estado.

Es necesario restaurar la colegiatura obligatoria para ejercer el periodismo si queremos resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad como consecuencia de la informalidad en la profesión.

Pero aquí viene un gran problema,  ¿quién lo podrá hacer?  

Nueva propuesta

Los comunicadores profesionales necesitamos tener un Colegio sólido en valores, que vele de manera eficiente porque nuestra carrera sea ejercida por todos los miembros de manera ética, lo cual redundaría en beneficio de toda la sociedad. Pero tenemos un colegio que fue relevado de esta tarea fiscalizadora y que nunca se preocupó por levantar una bandera de lucha contra esta estafa de la cual los actuales comunicadores son objeto.

Necesitamos un COLPER  moderno, con una estructura distinta que represente a todo el espectro de los comunicadores sociales, que atraiga a su seno a miles de jóvenes profesionales que se mantienen al margen de la orden con justa razón, porque no se sienten incluidos, sino excluidos por ella.

Ya no podemos seguir siendo una entidad solo para periodistas cuando formamos parte de una familia profesional más diversa que abarca a asesores de imagen, comunicadores corporativos, relacionistas públicos, directores o productores de cine, televisión y radio, reporteros gráficos, etc.

El nuevo Colper no solo debe incluir a miles de profesionales excluidos, también debe ser una institución viva, insertada cabalmente en nuestra sociedad, respetada por los ciudadanos, y sobre todo que esté a la altura de las necesidades profesionales de sus miembros.

En suma, creo que nuestro colegio profesional debe ser reestructurado, adecuado a los tiempos modernos, ya que el país y el mundo han cambiado mucho durante los últimos 30 años. El modelo que planteo es el de una institución organizada en capítulos profesionales conducidos por grupos directivos que realicen permanentemente actividades académicas y, por qué no, que generen recursos que nos permitan brindar servicios y beneficios a los integrantes de la orden.

El Colegio de Periodistas no puede ni debe seguir siendo una entidad que vive de espaldas a la realidad profesional actual, que solo da señales de vida una vez el año, cuando organiza actividades para festejar el semana del periodista.

Queridos colegas, los convoco a que este año 2016 aunemos esfuerzos para iniciar una etapa superior en la entidad que representa nuestra profesión, para rescatar juntos la dignidad del periodismo profesional, para defender el futuro de los jóvenes comunicadores, para ser un gremio referente de la sociedad  y un ejemplo para las otras profesiones.